Por Nora Luzi @NoraLuziOk- Coord. del área de Gobernabilidad Democrática del PNUD en Argentina

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por los Estados Miembros en septiembre de 2015 contiene una visión universal, indivisible y transformadora que tiene como finalidad erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones como el principal desafío a abordar por los estados, adoptando el lema No dejar a nadie atrás. Para ello, la Agenda 2030 fomenta el cumplimiento de 17 “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) que son interdependientes y que abarcan los ámbitos social, económico y ambiental.

Esta agenda de desarrollo toma como base jurídica fundamental la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Derechos Humanos, así como otros tratados internacionales conexos. Ello refleja un fuerte compromiso con el respeto y ampliación de los derechos humanos para todas las personas, así como el llamado a todos los Estados y para incorporar la Agenda en sus estrategias de acción.

Entre estos ODS, el 16 tiene prevé: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.” Este objetivo es considerado facilitador de toda la Agenda 2030 ya que el desarrollo sostenible no es posible sin la existencia de paz y la paz no es posible sin desarrollo sostenible.

El concepto de Justicia Abierta se arraiga en la noción de gobierno abierto incluyendo principios clásicos como la participación ciudadana y el acceso a la información, pero también nuevas áreas de trabajo como los datos abiertos, el uso de redes sociales, big data y las nuevas tecnologías de información. El principio de justicia abierta presenta un desafío importante para muchos de los países que aún mantienen un modelo de justicia analógica o inclusive los que tienen justicias digitales centradas en incrementar la eficiencia de la administración de justicia por medio del uso de las tecnologías. La justicia abierta supone un cambio en el modelo de trabajo e instaura valores diferentes para la función pública tanto para los modelos de justicia fuertemente papelizada como digitalizada.

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Cuando la justicia digital incorpora los valores de la justicia abierta se convierte en una experiencia superadora e innovadora en la concepción de servicio judicial que se brinda. Muchos de los Poderes Judiciales de la región están atravesando procesos de digitalización y de justicia abierta, si bien atravesar ambos procesos a la vez podría representar un desafío, se puede convertir en una oportunidad para diseñar un sistema integrado y centrado en las necesidades de las personas.

La justicia abierta es clave ya que posee una dimensión de educación sobre los derechos, su ejercicio y el funcionamiento del poder judicial. Asimismo, fortalece la integridad de jueces, fiscales, defensores y abogados y actúa como factor disuasivo de conductas reprochables. En pleno siglo XXI la justicia abierta es cada vez más la regla en el ejercicio jurisdiccional, siendo las excepciones de aplicación restrictiva.

La irrupción de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la emergencia sanitaria posterior, puso en evidencia la desigualdad y exclusión de las personas agravando el desafío que ya enfrentaba gobernabilidad democrática. El acceso a justicia se vio restringido ante la necesidad de adecuación de la prestación del servicio de manera remota en la mayoría de los juzgados y cortes de todo el mundo. Sin embargo, hay experiencias exitosas, que merecen ser contadas, replicadas y escaladas para reducir, entre otras, las brechas en el acceso a justicia.