La resiliencia de las ciudades y las capacidades de sus habitantes es determinante para hacer frente a las crisis sociales, económicas y sanitarias, así como para mitigar los efectos del cambio climático.

En ese sentido, Chile experimenta una creciente urbanización que alcanza un 90 % de la población y ha implicado mejoras significativas en la calidad de vida de las personas, mediante un mayor acceso a empleos, infraestructura básica, equipamientos y servicios comunitarios, entre otros.

Las políticas y programas de las últimas décadas avanzaron con especial acento en la disminución del déficit habitacional cuantitativo. Pese a estos logros, persisten desigualdades territoriales significativas, tales como la segregación espacial, la concentración de la pobreza, la fragmentación, la inseguridad, el hacinamiento, la baja conectividad y la falta de acceso equitativo a bienes públicos urbanos.

La pandemia de COVID-19 agudizó problemas urbanos preexistentes, acrecentando las desigualdades. Las ciudades y sus habitantes se vieron fuertemente afectados, particularmente los grupos más vulnerables. Pese a todas las consecuencias negativas, se abre una oportunidad de repensar la forma en que vivimos, nos vinculamos, reconstruimos y gestionamos nuestras ciudades.

Con una planificación y gestión urbana racionales y articuladas, las ciudades pueden volverse centros dinámicos de innovación que impulsen cambios positivos en el día a día de las personas. Las ciudades también pueden ser un factor de protección ante eventos imprevistos.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 pretende lograr ciudades y comunidades sostenibles a través del acceso de toda la población a viviendas, servicios básicos y medios de transporte adecuados, asequibles y seguros, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad. También fomenta en las ciudades la reducción del impacto medioambiental y un urbanismo sostenible con zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos y una mejora de las condiciones en los barrios marginales.

Para avanzar en estos desafíos, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se encuentran trabajando de manera conjunta para consolidar respuestas oportunas en el ámbito del desarrollo urbano territorial, en un escenario de alta complejidad marcado por la recuperación pospandemia y las grandes transformaciones que experimenta el país.

Esta alianza apunta a revalorizar el rol del Estado como actor protagonista del desarrollo urbano-territorial y promotor, protector y garante del derecho a la vivienda adecuada. Asimismo, en materia de planificación y gobernanza se espera avanzar en la articulación de políticas, marcos normativos integrales y modelos de gobernanza que favorezcan la coordinación de actores, la descentralización, la sinergia entre el espacio urbano-rural, así como la disminución de brechas espaciales de integración social.

La alianza abordará la crisis de acceso a la vivienda adecuada. En la actualidad se estima un déficit habitacional para 643.534 familias, determinado por el alza en el precio del suelo, el crecimiento del precio de la vivienda por sobre las remuneraciones, el costo de los materiales y el incremento de la demanda por presiones demográficas. La expresión más visible de la crisis es la aceleración del número de campamentos.

Es por ello que se busca potenciar la planificación urbana con especial foco en El Plan de Emergencia Habitacional (PEH) que tiene como objetivo fomentar el acceso a viviendas dignas con apoyo del Estado y alcanzar la meta de entregar 260 mil viviendas durante el periodo de esta administración.

A su vez, concebir el desarrollo de territorios sostenibles implica hacer frente al contexto de crisis ambiental y cambio climático, mediante el desarrollo de planes sustentables que promuevan el cuidado del medio ambiente, la eficiencia energética e hídrica, la disminución de emisiones de carbono, mejorando las condiciones de habitabilidad y la salud de las personas, así como la integración de riesgos para la promoción de ciudades y territorios resilientes.

Es crucial poner a las personas en el centro de las soluciones del desarrollo urbano y promover comunidades  inclusivas mediante el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana y estrategias de formación social. Los ciudadanos deben ser agentes de cambio y para ello asumir una responsabilidad compartida, a través de la capacidad de autogestión y el involucramiento de los habitantes en las decisiones relativas a sus entornos de vida, formas de convivencia y cotidianeidad, así como en la planificación y desarrollo territorial.

Más que nunca se requiere establecer el compromiso de promover un el desarrollo urbano y territorial inclusivo y sostenible. Es en las ciudades donde se decidirá si lograremos un crecimiento económico inclusivo y sostenible o cederemos ante una mayor desigualdad. Esperamos que la alianza del PNUD con el Gobierno de Chile logre importantes avances en ese sentido.