Es una era de múltiples desafíos para la humanidad,  la impronta del COVID-19, la guerra en Ucrania y en otros territorios, los récords de temperaturas altas resultantes del calentamiento global, la ralentización de las cadenas de suministro a nivel mundial , el aumento de los precios de la energía, de los fertilizantes, de las materias primas y de otros bienes, y la tendencia a la consolidación de sociedades cada vez más polarizadas  son parte de los problemas que definen la agenda global y  exponen casi a diario la insuficiencia actual de la gobernanza mundial  la cual  debe dar  respuestas sustantivas a la situación de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad en todas sus formas.  

En ese escenario, y tal como fuera planteado en el reciente Informe Global de Desarrollo Humano del PNUD, cada uno de estos sucesos son manifestaciones de un nuevo y complejo contexto caracterizado por inquietantes niveles de incertidumbre, que alteran las vidas de las personas y el colectivo humano. Se considera que estas nuevas incertidumbres  emergen de tres fuentes interconectadas: los sistemas planetarios desestabilizados del Antropoceno, la búsqueda de transformaciones sociales de gran envergadura para aliviar las presiones planetarias y la intensificación generalizada de la polarización.

Con relación a las transformaciones sociales, hace ya tres décadas que la Asamblea General de la ONU declaró, el 17 de octubre, como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, respondiendo al llamado del padre Joseph Wresinski, de 1987, que a través del informe "Gran pobreza y precariedad económica y social", propuso, por primera vez, una estrategia global de lucha contra la miseria, a pesar de lo logrado en la materia. Evidenciar y actuar sobre los vínculos entre el ejercicio efectivo de los derechos humanos y la pobreza extrema continúa siendo el imperativo moral de nuestra era.

En los últimos 15 años, una gran cantidad de bolivianas y bolivianos mejoraron sus condiciones y calidad de vida gracias a una serie de políticas públicas orientadas al cierre de brechas de desigualdad, enfocándose principalmente en los estratos sociales más vulnerables y los territorios más deprimidos. Estas medidas fueron acompañadas por importantes aportes del sector privado quienes catalizaron las oportunidades de inversión en diferentes áreas. En ese período, Bolivia vivió importantes transformaciones sociales y políticas materializadas en la inclusión de indígenas, mujeres y minorías, como los/las afrodescendientes, en espacios de decisión e incidencia política, social y económica.

Una aproximación cuantitativa de esta transformación da cuenta de que en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2021, la pobreza se redujo de forma inédita en el país : el indicador de pobreza moderada pasó del 59,9% al 36,6%, y la pobreza extrema del 37,7% al 11,1%[1]. Si bien en 2020 el indicador de pobreza extrema aumentó en un 0,8% y el de pobreza moderada en 1.8% en comparación con el 2019, pasando de 12,9% a 13,7% y de 37,2% a 39,0% respectivamente, estas cifras  ya reportaron una recuperación en 2021[2].

La disminución de la pobreza se experimentó de distintas maneras en el área urbana y en el rural. En el área urbana la pobreza extrema pasó del 23,4% en el 2006 al 7.2% en el 2020, lo que es muy significativo desde distintos ángulos. Y en el área rural, aunque la reducción de la pobreza fue importante, aún 3 de cada 10 personas viven en pobreza extrema, marcando una agenda de retos para las políticas públicas en el corto y mediano plazo.  

La pandemia marcó un punto de no retorno en muchos aspectos. Por ejemplo, la aplicación y uso de herramientas digitales en la vida cotidiana y laboral de las personas es hoy también ineludible para las instituciones públicas y privadas, el sector privado y los colectivos sociales quienes ahora deben redoblar esfuerzos para alcanzar la inclusión digital de las y los ciudadanos y de los y las trabajadoras, y entenderla como un aspecto central del fortalecimiento de la cohesión social.

Los nuevos avances  del mundo digital proponen soluciones para la reducción de la pobreza, pero se complejizan con el tiempo: no solo se trata de incrementar los ingresos monetarios, sino también de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y generar las condiciones necesarias para su goce permanente; condiciones que cambian año tras año. Según un análisis del PNUD en base a datos del INE, el 29% de hombres y 26% de mujeres tienen acceso a una computadora. Aunque el 62% de hombres y 58% de mujeres tienen acceso a un celular y al internet, los usos y alcances de un celular no se equiparan a los  de una computadora a la hora de  generar mayor productividad. Impulsar una solución que cierre esta brecha podría tener efectos multiplicadores en  distintos ámbitos de la vida laboral y doméstica de casi 7 de cada 10 bolivianos/as [3].

Bolivia es un país con potenciales y estratégicos sectores productivos que son los mayores dinamizadores de la economía. El sector agropecuario, con la ganadería por delante, el litio, la construcción, el turismo, el gas y los minerales son oportunidades que Bolivia puede capitalizar aún más al promover mayor  innovación y tecnología, especializar  el mercado laboral, y aplicar  altos estándares de cuidado y responsabilidad ambiental a partir de nuevos modelos de gobernanza.

Algunos de estos sectores tienen la capacidad para generar ingresos de billones de dólares y así financiar las inversiones del aparato público, como el gas, los minerales y , en el mediano plazo, el litio. Otras actividades, como la agropecuaria y el turismo, tienen la inherente capacidad de distribuir la riqueza directamente a los hogares de los y las trabajadoras más vulnerables . El 47% de las mujeres trabajan en servicios y comercio[4]: impulsar el turismo lograría un efecto directo en la autonomía económica de muchas mujeres. Asimismo, este tipo de inversiones estratégicas  implican extender la mirada hacia nuevos instrumentos de política pública que fomenten e incorporen nuevos conocimientos y saberes en los sistemas productivos.

Trabajar con un enfoque de economía política basado en los componentes legales, ambientales y sociales de los motores productivos que, por un lado,  financien los fines del Estado, y, por otro, contribuyan a inyectar ingresos directamente a los hogares, podría ser una alternativa para acelerar  el crecimiento de la matriz productiva, actuar sobre las asimetrías de poder y reducir aún más la curva de la pobreza, generando empleos dignos sin dejar a nadie atrás.