En el marco de la lucha contra la pandemia por Covid-19, la informalidad en los países en desarrollo, como Bolivia, sufrirá serios impactos. Por este motivo, se han empezado a tejer diferentes propuestas sobre cómo operar en estas circunstancias, algunas que se ajustan a nuestra realidad y otras que no. Lo cierto es que más allá de mitigar la crisis que se avecina, toca también pensar al mismo tiempo en cómo atacar los problemas de fondo, tales como por ejemplo la precariedad de un sistema sanitario que no acompañó el crecimiento demográfico de las últimas décadas, la falta de información desagregada y georreferenciada (de registros estadísticos como por ejemplo de pobreza o cuentapropismo) y la proporción de la economía informal (70/30) que a pesar de tasas de crecimiento económico sostenidas, no ha avanzado hacia escenarios de formalización.

Con respecto a este último tema en particular, a nivel sudamericano Bolivia encabeza el ranking de empleo en el sector informal de la economía, alcanzando en 2018 a 73.2% y con una representación mayor de mujeres (75.2%) que de hombres (71.5%) en la mayoría de los países, exceptuando Brasil y Uruguay.

Estas proporciones para Bolivia cobran más interés y preocupan cuando después de lustros de crecimiento económico las mismas no lograron una reducción considerable y más al contrario la economía informal ha ido en aumento y se ha consolidado como una dinámica estructural.

Con fines de alineación a los resultados reportados, se utiliza una definición sencilla de informalidad basada en la ocupación desempeñada y el tipo de administración del lugar donde trabajan las personas. En Bolivia más de siete de cada diez hombres y similar proporción de mujeres en edades entre los 20 – 54 años están ocupadas en la economía informal (considerando solamente actividades lícitas).

Únicamente alrededor de dos de cada diez personas tienen educación terciaria con un sesgo en favor de los hombres que se aprecia mucho mejor en el nivel de educación secundaria completa, donde la brecha es casi de seis puntos porcentuales. Asimismo, casi un 40% de los trabajadores informales pertenece al estrato de ingresos medio vulnerable y un 20% al estrato bajo, por lo que se trata de un grupo amplio y frágil al mismo tiempo, que no ha alcanzado a obtener todos los derechos sociales en un sentido multidimensional,  lo que ha empujado a muchos a optar por inserciones laborales precarias sin el goce de prestaciones sociales.

Sin embargo, ¿cuáles son las actividades a las que mayormente se dedica la población que trabaja en este sector de la economía?:

En general, se aprecia que en el área urbana tres de cada diez personas trabajan en la venta al por mayor y menor, una de cada diez en trasportes y almacenamiento, en la industria manufacturera, en la construcción y en servicios de alojamiento y comida; en total estas actividades concentran a siete de cada diez personas.

En cuanto al desempeño de estas actividades según género, se aprecia mucho más que matices, únicamente la industria manufacturera guarda cierto equilibrio en la ocupación de hombres y mujeres, en tanto más bien que en las otras actividades reflejan brechas notorias, tanto para hombres como para mujeres. Esto, puede ser justificado erróneamente por la naturaleza de la actividad, sin embargo, cuando se trata de créditos financieros para el desarrollo de estas actividades, los mismos siempre tienen sesgo negativo en detrimento de las mujeres.

Si bien todos los países tienen economía informal, se esperaría que la misma quede reducida al comercio y no así a actividades de manufactura, transportes, construcción y hotelería y esta realidad hace un llamado a plantear cuáles son los factores que impiden su formalización.

En una revisión rápida se aprecia que para abrir una empresa de cualquier tamaño deben cumplirse al menos diez requisitos, entre ellos están: La inscripción a FUNDAEMPRESA[1] para obtener un registro de comercio y que además indique legalidad; el registro en Impuestos Nacionales para obtener un número de identificación tributaria (NIT) y junto a este registro las y los contribuyentes asumen responsabilidades tributarias referidas al pago de impuestos que varían dependiendo del tipo de actividad, entre ellos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). De la misma manera, las empresas requieren de una autorización municipal para su funcionamiento. Por otro lado, para acceder a licitaciones públicas deben contar un registro en PRO-BOLIVIA, una entidad descentralizada, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, creada para brindar servicios de desarrollo empresarial, Las empresas deben contar también con una afiliación de empleadores y trabajadores a la seguridad de corto y largo plazo y de la misma manera inscribirse al Registro Obligatorio de Empleadores en el Ministerio de Trabajo. Si las empresas desean registrar una marca propia, deben hacerlo a través de Servicio Nacional de Propiedad Intelectual y finalmente, contar con un registro en el Servicio Nacional de Verificación de exportaciones de ser necesario.

Sin duda es una larga y tortuosa lista de requisitos, que está lejos de incentivar emprendimientos, que en el caso de oportunidad podría posiblemente darse solo por ese escaso 20% de trabajadores con un nivel de educación terciaria. Asimismo, el país tampoco ha contemplado dentro de sus políticas algún tipo de metas anuales de formalización de ciertas actividades (entendiéndose la misma como una mejora en la calidad del empleo ya que incluiría algunas prestaciones sociales), sin que por ello signifique que per se la informalidad es mala, ya que de hecho, muchas personas por decisión propia han preferido trabajar en la economía informal debido a las rigideces del mercado formal, sobre todo relacionadas a flexibilidad de horarios.

En este sentido, urge entender mejor cuál es la naturaleza del empleo informal y su vínculo con la actividad económica que desempeña, mucho más en el contexto actual de COVID-19, donde muchos emprendimientos tendrán que reinventarse, cambiar de modelo de negocios o bien incluir nuevas tecnologías que pasen por una transformación digital. Serán necesarias incluir nuevas variables en la categorización de los diferentes emprendimientos tanto en micro, pequeña como en mediana empresa, incluso cuentapropismo que ayude al diseño de políticas públicas más acorde y a medida de las diferentes necesidades y que transciendan medidas coyunturales para convertirse en medidas estructurales. Persiguiendo el propósito de avanzar en la formalización de la economía contemplando al mismo tiempo una igualdad de género, tomando en cuenta que muchas de estas actividades son ejercidas mayoritariamente por mujeres.

Lo anterior implica trabajar de forma simultánea en mejoras en la productividad, simplificación normativa y burocrática, en una estructura de incentivos y estímulos y en una fiscalización que se concentre más en la ampliación del universo tributario que en la presión tributaria a unos pocos. Todo esto, sin dejar de incentivar la demanda, para aquello es necesario trabajar bajo un enfoque integral como catalizador de un nuevo modelo de producción ante un nuevo normal que no depende necesaria y únicamente del crecimiento económico, sino de la habilidad de transformar la arquitectura interna del mercado laboral.

Experiencias interesantes de formalización de la economía pueden encontrarse en países de la región, como por ejemplo Colombia, Uruguay y Paraguay, en especial este último desde el Ministerio de Trabajo ha implementado una Estrategia Integrada para la Formalización de la Economía, en la que participan diferentes ministerios y hasta la administradora de la seguridad de largo plazo, donde se ha trabajado en la eliminación de barreras de costos, simplificación de trámites, diálogo social, monotributo, medidas tecnológicas y campañas comunicacionales entre otras. Con el establecimiento además de metas anuales del 5% de reducción de la informalidad.

En el caso del Uruguay, por ejemplo, desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería se ha impulsado programas de apoyo a las MIPYMES y emprendedores cuyo propósito se centró en la universalización de las prestaciones sociales de la población ocupada, de hecho Uruguay a la fecha ha logrado una afiliación a la seguridad de largo plazo que supera el 90%, también ha trabajado en la reestructuración del monotributo y ha ampliado la cobertura de seguro de corto plazo para todos los dependientes del afiliado. Por lo que en una década ha logrado reducir la informalidad (entendida como el no registro de los trabajadores en la seguridad social) en más de 17 puntos porcentuales.  

En síntesis, en todas estas experiencias abordadas de una manera integral y simultánea, han denotado constantemente que el trabajo formal es mucho más beneficioso que el informal.

[1]FUNDEMPRESA : Fundación sin fines de lucro que apoya al desarrollo empresarial y opera el Registro de Comercio de Bolivia.