30 de agosto 2021

Mejorar el financiamiento nacional de la biodiversidad a través del diseño, implementación y optimización de instrumentos económicos basados en mercado, que fortalezcan las finanzas públicas y faciliten la contribución económica del sector privado al mantenimiento del capital natural del país, es el objetivo del proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) de Instrumentos Económicos, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante un período de cinco años y con un financiamiento de 2.3 millones de dólares, el equivalente a más de mil millones de pesos chilenos, el  proyecto se enfocará en establecer un marco institucional, de gobernanza y herramientas para la aplicación de Instrumentos Económicos para la Conservación, Restauración y Uso Sustentable de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (IECB).   Dichas funciones se llevarán a cabo  en ecosistemas terrestres, acuáticos continentales, marinos y costeros, a través de pilotos demostrativos en la Región de Valparaíso, Los Ríos y Los Lagos, en donde se potenciará la gestión de conocimiento, aprendizaje, monitoreo y evaluación para la implementación efectiva de los IECB.

“Con este proyecto buscamos promover instrumentos que apoyen la labor del Estado en materia de conservación y restauración de nuestro patrimonio natural, sobre todo en aquellas áreas de alto valor que cuentan con ecosistemas amenazados, como la zona centro y centro sur del país, un hotspot de biodiversidad de importancia mundial. El GEF Instrumentos Económicos se propone constituir una vía para incrementar los presupuestos asignados a la protección de nuestros ecosistemas”, asegura la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Los Instrumentos Económicos para la Conservación de la Biodiversidad (IECB) abordados en el proyecto son: Compensaciones por impacto residual a la biodiversidad en el marco de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Retribución (pago) por servicios ecosistémicos (RSE), Derecho Real de Conservación (DRC) y Certificaciones de sitios o acciones por su contribución a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que se verán desarrollados y/u optimizados con la elaboración de estándares, guías, reglamentos, talleres y procedimientos en general necesarios para sentar las bases para la institucionalización de los IECB en el país, promoviendo que los modelos establecidos en cada uno de los pilotos a realizarse con el acompañamiento de instituciones públicas, privadas, academia, organizaciones sociales y comunidades locales, puedan replicarse en otras áreas del país.

“Este proyecto contribuirá fuertemente a que el Estado de Chile continúe avanzando decididamente hacia políticas públicas orientadas al fortalecimiento institucional ambiental, a la implementación de un modelo económico basado en el uso sostenible de recursos naturales y a la ampliación de los instrumentos de mercado para facilitar el aporte de los privados en el financiamiento de la biodiversidad.  Además, es una iniciativa alineada con la Agenda 2030 y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente a través del desarrollo de modelos de Soluciones basadas en la Naturaleza, que puedan ser implementados en el contexto de la aplicación de IECB para conseguir objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, al mismo tiempo que se protege la biodiversidad”, afirma la Representante Residente del PNUD en Chile, Claudia Mojica.

El piloto demostrativo en ecosistemas terrestres se enfocará en la sistematización y fortalecimiento de un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos (RSE) ya existente en la localidad de Mashue, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos. Dicha actividad se realizará a través de un Comité de Agua Potable Rural como intermediario entre los proveedores de agua potable, de los propietarios de predios en la cuenca, y usuarios del servicio (comunidad).  Este modelo se espera fortalecer promoviendo un mecanismo de intervención en el territorio que incorpore soluciones basadas en la naturaleza para la sostenibilidad del servicio ecosistémico, con la obtención de los consiguientes beneficios sociales, culturales y económicos que ello genera, modelo que espera ser transferido, tanto en conocimiento como mediante el fortalecimiento de capacidades, a las organizaciones encargadas para la implementación del mecanismo en la localidad de Liquiñe (comuna de Panguipulli).

En cuanto a los ecosistemas marinos y costeros, se abordará la sistematización y fortalecimiento de un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos (RSE) ya existente en las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) de Maitencillo y Ventana en la Región de Valparaíso, que considera a los proveedores de los servicios ecosistémicos que generan los recursos bentónicos (organizaciones de pescadores artesanales), como protagonistas del modelo.  Este piloto se presenta como un modelo de manejo y explotación sostenible del territorio, que pretende ser transferido, a las organizaciones encargadas del AMERB Chepu y los Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) de Caulín, ambas en Chiloé, Región de Los Lagos, para su implementación.

En el caso de los ecosistemas acuáticos continentales, se trabajará el establecimiento del instrumento derecho real de conservación en humedales costeros que constituyen sitios piloto del proyecto GEF Humedales Costeros (Región del Biobío y de la Araucanía), con el fin de avanzar en la estandarización y promoción del instrumento como mecanismo que provee certeza jurídica para la protección de ecosistemas relevantes o a atributos de la biodiversidad tales como los servicios ecosistémicos, a ser valorizados en el proyecto.

El proyecto aporta además al cumplimiento del Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica, de la Agenda de Desarrollo Sostenible, con especial atención en los objetivos 13, 14 y 15 (acción por el clima, Vida Submarina y Vida de Ecosistemas Terrestres, respectivamente), y en materia nacional, a la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017 – 2030, a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales y al Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisaje. Con su puesta en marcha, se espera ampliar y difundir los conocimientos y experiencias a nivel nacional, para ampliar su aplicación.