Con el objetivo de garantizar el goce irrestricto de los derechos políticos para todas las mujeres salvadoreñas en un marco de igualdad y respeto al derecho a una vida libre de violencia, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la elaboración del Protocolo para la Prevención y Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia Política en El Salvador en el marco de las competencias asignadas al TSE en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El 3 de febrero de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la LEIV, reconociendo que la violencia política es uno de los tipos de violencia contra las mujeres por razón de su género (Art. 10 lit. d).

Esta normativa establece que “los ámbitos de la vida política comprenden el ejercicio de los derechos políticos tales como derecho de organización, participación en procesos electorales y en órganos de dirección, así como la participación en el desarrollo rural y urbano.”

A partir de esta reforma, la LEIV incorporó 8 responsabilidades específicas para el TSE, siendo la primera: “elaborar un protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia política que presenten denuncias en el Tribunal Supremo Electoral” (Art. 10-A).

Con el Protocolo, el TSE cuenta con una herramienta que define una ruta de atención, orientada a la prevención de casos de violencia o acoso político, a la determinación de las responsabilidades administrativas y a la reparación de los derechos de las víctimas, facilitando el pleno ejercicios de los derechos políticos para las mujeres e incentivando su participación en todos los espacios de toma de decisión.

El Protocolo se aplicará a partir de la recepción de una denuncia presentada por una víctima de cualquier acto de violencia política por razón de su género, sea este realizado en o desde el territorio nacional, en un ámbito público o privado; previo, durante o posterior a cualquier proceso electoral en cualquiera de sus fases.

En cuanto a la ruta de atención, esta comprende: (1) la recepción de denuncias (verbales, escritas, o por medios electrónicos), (2) el registro de estas por parte de la Unidad de Género del TSE, (3) la atención de mujeres (primeros auxilios, orientaciones y asesoría jurídica), y (4) el monitoreo de los hechos de violencia.

En el documento también se establecen acciones de prevención orientadas a transformar el entorno de riesgo para las mujeres y a fortalecer las habilidades y condiciones de las personas para la identificación oportuna de los casos, así como para garantizar la actuación eficaz ante denuncias. Con ello se promoverán acciones de divulgación en todas las etapas de los procesos electorales, instalación de materiales informativos y educativos en los centros de votación, así como capacitación a personal de TSE y de organismos electorales temporales sobre los derechos de las mujeres,  con contenidos de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, e implementación a través de redes sociales y medios, campañas de difusión y sensibilización para orientar a la ciudadanía, así como los mecanismos de denuncia. 

El PNUD viene trabajando con el TSE  en la elaboración de diferentes herramientas que ayuden a promover la participación política de las mujeres en el marco la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se coloca la igualdad de género como enfoque transversal para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como un componente crucial.

El PNUD tiene en la base de sus líneas de trabajo y prioridades, los derechos de las mujeres y las niñas, por lo que coordina esfuerzos para lograr mejores resultados en la lucha contra la violencia de género.

De acuerdo con el “Diagnóstico Participación Política Igualitaria, una Contribución al Desarrollo Sostenible” elaborado en el marco del programa ATENEA, Mecanismo de Aceleración de la Participación Política de las Mujeres en América Latina , de ONU Mujeres, IDEA Internacional y el PNUD (2022), El Salvador se sitúa en con un puntaje global promedio del Índice de 59.7 sobre 100 puntos posibles, donde 100 se considera como el escenario ideal de paridad y de participación política para las mujeres. 

Este mismo diagnóstico muestra cómo la violencia política, arraigada en los patrones patriarcales, entendidos estos como creencias y normas que han existido por mucho tiempo y que solo por ello dan prioridad a los hombres sobre las mujeres, limitando su participación y poder en el ámbito público, es la manifestación más extrema a la presencia de más mujeres en el ámbito del poder público, y junto con las precarias condiciones económicas de las mujeres, el desinterés de los partidos políticos por incorporar mujeres en sus candidaturas, limitan su participación. Entre las recomendaciones del diagnóstico se encuentran las siguientes, siendo la elaboración del protocolo es una de las primeras: 

1. En seguimiento al cumplimiento de la reforma de la LEIV se recomienda al TSE la elaboración y puesta en marcha del protocolo de atención, mecanismos para la recopilación de información y elaborar informes sobre víctimas de violencia política. 
2. Diseñar e implementar programas de capacitación para la prevención de la violencia en contra de las mujeres que participan en política dentro de los contenidos formativos del TSE. 
3. Crear un sistema estadístico público desagregado con información sobre la participación electoral de las mujeres.

El TSE implementará una campaña informativa para dar a conocer los canales de denuncias y toda la información relevante relacionada con el protocolo. 

El protocolo se encuentra disponible aquí