En sus nueve años de experiencia como facilitadora judicial en La Laguna, departamento de Chalatenango, Reyna Rivera, una costurera de profesión, ha conocido y apoyado la resolución de conflictos vecinales, lo que le ha valido el respeto, la admiración y la confianza en su comunidad.  

Uno de los casos que más la ha marcado era sobre violencia intrafamiliar. "Recuerdo que la niña mayor de esta familia se enfermó por el conflicto entre sus padres. Yo le pedí a ella que pudiera resolver su situación y le ofrecí mi casa por tres días para detener el maltrato que sufría. Su pareja se había llevado al niño menor y luego de varios procesos, las autoridades ordenaron que se entregara el niño a su mamá y dieron medidas cautelares a él. Con esto, el esposo no volvió a llegar", indicó Reyna.

De acuerdo con el informe "Acceso a la justicia y resolución no violenta de conflictos en El Salvador" un aporte de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Proyecto Regional Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en alianza con la Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en El Salvador el 53% de la población experimentó al menos un problema o conflicto en los últimos dos años. Los asuntos familiares y ambientales son los tipos de casos más frecuentes.

Este Informe tiene por finalidad generar evidencia para construir políticas públicas, atención y servicios que garanticen el acceso a la justicia y promuevan la resolución no violenta de conflictos en el país y fue presentado durante el "Seminario de mediación comunitaria" realizado en el marco del mes nacional de la mediación organizado por la Corte Suprema de Justicia con el apoyo del PNUD.

Más de 100 jueces, juezas, facilitadores judiciales y otro personal técnico de la CSJ de todo el país, conocieron el informe que identifica, entre otros aspectos, los mecanismos que la población salvadoreña utiliza para resolver sus conflictos o disputas, las instituciones a las que acuden y los motivos por los que no utilizan los mecanismos de resolución existentes. Otros datos destacan que un 51 % de la población salvadoreña accedió a un mecanismo para resolver la disputa, de estos, la mayoría fueron hombres.

"Para el PNUD el rol de los más de 600 facilitadores judiciales a nivel nacional es determinante para una sociedad que valora mucho la Paz. Son líderes y lideresas que se acercan a la ciudadanía y orientan el acceso eficiente de las comunidades a la justicia", destacó Maribel Gutiérrez, Representante Residente del PNUD, durante el acto de apertura del seminario.

Para Reyna ser líder comunitario, facilitadora y ayudarle a toda la gente es una parte fundamental de su vida. La mediación es un mecanismo muy efectivo utilizado por los facilitadores judiciales para la resolución de conflictos a nivel comunitario y que evita la escalada de los problemas permitiendo un diálogo y una convivencia pacífica.

"Estamos llamados a cuidar del otro...En el mundo de la mediación debo escuchar primero a las dos partes, si quieren estar juntas para hablar, los puedo hacer, pero si no yo soy el canal. Si es un caso muy grave yo le pido a la Jueza que me oriente, muchos casos he resuelto solo con la orientación y otros casos los remito porque son más grandes y no los puedo resolver yo", cuenta.

Además, a ella le satisface saber que cuando las personas conocen el programa y cómo este les apoya y lo que significa para la comunidad, opinan que son esfuerzos que deben continuar. "Yo también quiero seguir, estoy bien orgullosa de trabajar en esto", indica.

El servicio de facilitadores judiciales se encuentra en 10 departamentos del país, coordinados por más de 73 Juzgados de Paz y actualmente se cuentan con más de 600 facilitadores judiciales.

El servicio nacional de Facilitadores Judiciales desarrolla una importante labor para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia y prevención del delito, promover una cultura de paz y seguridad ciudadana y fortalece mecanismos de prevención y solución alterna de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente en los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.