En 2020 hubo en Guatemala 1,977 homicidios por arma de fuego. Solo dos años más tarde el número ascendía a 2,488. Con los datos en la mano, es claro que la violencia armada tiene un papel central en el aumento de homicidios en el país centroamericano desde 2020.

Esa es una de las conclusiones del “Diagnóstico sobre el contexto de la violencia armada en Guatemala 2022”, del Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación de Guatemala (MINGOB), con el apoyo técnico del Proyecto Regional Infosegura, una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).

Aunque las cifras disminuyeron entre 2017 y 2020, los últimos datos muestran un aumento en el número de homicidios y lesiones por arma de fuego desde 2020. Uno de los aspectos más alarmantes es la proporción de incidentes violentos en los cuales se emplean este tipo de armas. En concreto, el 83% de los homicidios y el 60.8% de las lesiones en 2022. Estas cifras son significativamente mayores que en 2020, lo que sugiere un incremento en la presencia de armas de fuego entre la población guatemalteca.

Si miramos la incidencia por regiones, se observa una concentración preocupante de la violencia armada en el oriente, sur oriente y centro del país, con el departamento de Guatemala destacado como el más violento. En concreto, el 46.1% de los homicidios por arma de fuego se registraron en la capital, con un total de 1,146 decesos y una tasa de 31.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Le siguen en número el departamento de Escuintla, 300 homicidios, 36.9 por cada 100 mil habitantes, y Izabal, 114 y 25.2.

Según el informe, esta concentración geográfica podría servir como guía para la asignación de recursos y la implementación de estrategias específicas en la prevención y atención de este problema. Enfocar esfuerzos en áreas con mayor incidencia podría ser clave para combatir la violencia armada de manera más efectiva.

En cuanto al tipo de arma utilizada, el informe señala preponderancia de los casos de homicidio por arma de fuego. En el período 2017-2022 se registraron 7.5 veces más víctimas de homicidio por este tipo de armas que por arma blanca. Un dato que recalca nuevamente que el homicidio en Guatemala es un fenómeno que va de la mano con el acceso a armas de fuego. También son las causantes de un mayor número de lesiones, 12,633, frente a 5,699 por arma blanca y 2,143 por arma contundente.

El número de armas de fuego en circulación, por su parte, sigue en aumento. Se calcula que en 2022 había 71,569 licencias vigentes y se registraron 54 mil unidades, una cifra que se ha duplicado desde 2020. La demanda de los ciudadanos y de las empresas de seguridad privada, han generado un mercado creciente de armas en el país. Entre 2017 y 2022 se registraron en total 191 mil 366 armas de fuego, de las cuales 67.2% estaban en posesión de particulares, 30.1% de empresas y 2.7% de las instituciones del Estado.

La dificultad para determinar el número exacto de armas ilegales en circulación en Guatemala es un desafío adicional. Sin embargo, las incautaciones indican que estas representan un papel secundario en comparación con las legales. La premisa de que las armas registradas pueden transferirse o desviarse hacia el mercado ilegal subraya la importancia de regular la importación, venta y distribución de armas de fuego.

Un hallazgo revelador del análisis es que la mayoría de los homicidios y lesiones reportados involucran armas registradas. Esto sugiere que las armas legales pueden ser un factor desencadenante de la violencia. Por otro lado, los departamentos con altas proporciones de incautación de armas ilegales no presentan necesariamente altas incidencias de homicidios y lesiones, lo que sugiere que la regulación de la oferta legal es crucial para abordar el problema.

La violencia armada no solo tiene un impacto humano y social, sino también un costo económico significativo para el país. En términos de producción, el estudio estima que, en 2019, los homicidios representaron para Guatemala un costo de 496 millones de dólares.

La principal conclusión del análisis es que reducir el número de armas de fuego legalmente circulantes en el país podría ser beneficioso. Para ello serían necesarias campañas de desarme, y una revisión de requisitos para la venta y tenencia legal. 

Por último, el trabajo llevado a cabo por Infosegura junto al Viceministerio de Prevención de la Violencia y el delito del Ministerio de Gobernación de Guatemala, señala que fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia es crucial para que los ciudadanos confíen en las autoridades y no sientan la necesidad de recurrir a las armas para su seguridad.

El presente diagnóstico fue elaborado como punto de partida para la formulación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia Armada, generada en el marco de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Armada, liderada por el MINGOB.

Este tipo de análisis conjuntos entre el PNUD y los gobiernos de la subregión, contribuyen en los esfuerzos para lograr el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en específico el ODS 16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que tiene dentro de sus metas: poner fin a todas las formas de violencia, dentro de éstas la violencia armada y fortalecer a las instituciones nacionales, para la prevención de las violencias, particularmente en los países en desarrollo.

Blog escrito por: INFOSEGURA - Publicado originalmente aquí