El acceso a la justicia es un principio básico de los Estados democráticos, pues garantiza que todas las personas puedan hacer valer sus derechos de forma justa y equitativa.

Cuando existen dificultades para acceder a la justicia, las personas — especialmente las que forman parte de grupos históricamente vulnerables—, no pueden hacer oír su voz ni ejercer sus derechos plenamente. También se encuentran con dificultades para desafiar la discriminación y se les priva de mecanismos que les permitan exigir responsabilidades a los Estados que tienen la obligación primordial de promover, proteger y garantizar sus derechos humanos.

Esta realidad afecta de manera particular a las personas gais, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersex y género fluido (LGBTQI+), y es una barrera para su desarrollo y el de sus familias, comunidades y países.

Contar con espacios de participación y diálogo que tiendan puentes entre actores gubernamentales, representantes de la sociedad civil LGBTQI+ y la cooperación internacional es un elemento clave para que los países avancen en desmontar las barreras hacia la inclusión efectiva.

Uno de esos espacios es el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+ de Panamá. Representantes de 14 organizaciones de la sociedad civil LGBTIQ+ son parte del Observatorio. Cuentan con voz y voto en todas sus decisiones, ocupan los cargos de Vocal y Coordinación, y conforman las respectivas mesas de trabajo.

Esta iniciativa, nacida hace poco más de un año, es apoyada técnica y financieramente por la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Panamá, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de su oficina regional para América Central, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA (ONUSIDA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Defensoría del Pueblo de Panamá funge como secretaria técnica y facilitadora para la participación de otros actores gubernamentales.

Históricamente, la sociedad civil ha estado a la vanguardia del registro de violaciones de derechos humanos hacia la población LGBTIQ+. Los datos recopilados en diferentes esfuerzos y plataformas tanto nacionales como regionales y globales han dado cuenta, sobre todo, de la violencia sufrida por estos grupos por razones de estigma y discriminación con base en la orientación sexual, la identidad de género o las variaciones corporales.

Estos esfuerzos liderados por la sociedad civil en el registro de datos, en muchos países han ayudado a dar el paso cualitativo siguiente: la producción de datos oficiales sobre los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ de manera sostenible, como un esfuerzo nacional por informar a las políticas públicas con base en la evidencia empírica.   

Este es el paso a mediano plazo que espera dar el Observatorio Nacional de Derechos Humanos de personas LGBTIQ+ de Panamá: coadyuvar en la identificación y registro efectivo de casos de violaciones de derechos humanos hacia personas LGBTIQ+, y, con el registro efectivo de los casos, canalizar las denuncias hacia los actores gubernamentales pertinentes y promover la toma de decisiones con base en la evidencia para realizar los ajustes correspondientes y mejorar así el goce de todos los derechos y el ejercicio pleno de la ciudadanía para esta población.

En una reciente encuesta realizada por el PNUD en 2023 en cinco países de la región centroamericana acerca de las vulnerabilidades y experiencias vividas por personas LGBTQ+, se encontró que, de las más de mil personas LGBTQ+ encuestadas en Panamá: 

• 34 informaron que les impidió continuar sus estudios, 113 señalaron que se les negó o se les limitó la oportunidad de trabajar o ascender laboralmente, y 106 indicaron que se les denegó la entrada o se les restringió el acceso a restaurantes, comercios o centros comerciales, debido a su orientación sexual o identidad de género. 
• 19% de los encuestados indicó conocer algún miembro de la comunidad LGBTQ+ fallecido de forma violenta en los 12 meses anteriores, por motivo de su orientación sexual o identidad de género. 
• Si bien más del 26% informa haber sido violentado o sentir que se le violentaron sus derechos por su orientación sexual o su identidad de género y que el 6.6% declara haber sido víctima de algún delito o acto de violencia dentro de su vivienda, el 72% no presentó denuncia pues no cree en el sistema de justicia (48%); considera que nadie le va a creer (13%), siente miedo que le culpen del hecho violento (17%); la persona agresora es parte de su familia (8,5%) y/o la persona agresora es parte del sistema de justicia ( 6,9%).

Cuando los países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030, no solo se comprometieron a no dejar a nadie atrás, sino también a esforzarse por llegar primero a los más rezagados. Si bien el Observatorio se encuentra aún en sus etapas iniciales, es un paso concreto para hacer de ese compromiso una realidad en las políticas públicas nacionales que cambie vidas.

Apoyar espacios de participación y diálogo entre sociedad civil, actores gubernamentales y agencias de cooperación internacional para registrar, sistematizar y responder ante situaciones de discriminación y violencia hacia personas LGBTIQ+ es promover la construcción de sociedades más democráticas e inclusivas. Es apostar por un futuro en el que todas las personas, sin discriminación por orientación sexual, identidad de género o variaciones corporales, ejerzan todos sus derechos de manera plena. Es un asunto de justicia.