Los sistemas y programas de protección social son cruciales tanto por razones sociales como económicas. Protegen a las personas de caer en pobreza debido a riesgos sociales que les impidan trabajar y generar un ingreso como la vejez, la discapacidad, la pérdida de uno de los proveedores de la familia, la enfermedad, los accidentes laborales o el desempleo. Estos programas también ayudan a reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos. Además, desempeñan un papel clave en la estabilización de la economía y previenen graves recesiones económicas durante períodos de crisis.

Aunque la situación varía entre países, se puede observar un patrón común en el desarrollo de la protección social en nuestra región. Las políticas contributivas (seguro social), basadas en el empleo formal y que brindan una protección social más integral, cubren a una proporción relativamente pequeña de individuos y hogares. Las políticas no contributivas (asistencia social) a menudo ofrecen una cobertura y niveles de beneficios limitados para las personas y hogares pobres, así como para los trabajadores informales. Algunas de las personas que no son ni pobres ni formales no están cubiertas por ninguno de los sistemas (el llamado "medio faltante").
 
Estos sistemas de protección social "duales" a menudo se basan en diferentes instituciones con escasa coordinación entre ellas. Su impacto combinado en la reducción de la pobreza y la desigualdad es limitado. Frecuentemente, los sistemas de pensiones son regresivos, contribuyendo al aumento de la desigualdad de ingresos. Los niños, las mujeres, y las poblaciones indígenas, afrodescendientes y rurales tienen menores niveles de cobertura de protección social a la vez que se ven más afectados por los riesgos sociales y la pobreza. De esta manera, estos sistemas de protección social duales son el reflejo de desigualdades arraigadas en los países de ALC.

Por otra parte, estos sistemas enfrentan desafíos considerables. Muchos de nuestros países experimentarán una rápida transición demográfica: se proyecta que ALC duplicará la proporción de su población mayor en solo 28 años, la mitad del tiempo que tardaron los países europeos en experimentar un cambio demográfico similar. En las próximas décadas, nuestros países enfrentarán desastres relacionados con el clima, el aumento del nivel del mar y una disminución de la productividad agrícola, todo ello como consecuencia del cambio climático, lo que requerirá de políticas de protección social más flexibles y adaptativas. Finalmente, la Cuarta Revolución Industrial remodelará el mundo del trabajo y la forma en que se financian y asigna la protección social.

Como PNUD, debemos apoyar a los gobiernos de la región para mejorar la coherencia y eficiencia de estos sistemas de protección social, empujándolos hacia la universalidad y haciéndolos más progresivos y protectores de aquellos que históricamente han quedado atrás. Sus beneficios deben diseñarse sin sesgos de manera de evitar que reduzcan la participación de las mujeres en el mercado laboral y que terminen reforzando los roles tradicionales de género. Necesitamos fortalecer los componentes que promuevan el desarrollo humano sostenible y hacerlos más flexibles y receptivos a nuevos tipos de choques.

Durante los últimos años, el PNUD ha hecho una importante contribución a la comprensión de cómo están estructurados los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, y a la formulación de posibles mejoras.
 

Utilizando la metodología del Instrumento de Diagnóstico Central (CODI), el PNUD junto con otras agencias socias de la ONU, evaluó los sistemas de protección social en Guatemala y Barbados. También ha producido estudios personalizados para evaluar programas específicos de protección social, como el programa de transferencias condicionadas Bolsa Familia en Brasil; ha simulado el impacto que podría tener la introducción de una pensión social en la pobreza en la vejez en Honduras; ha evaluado los indicadores del mercado laboral en Guatemala, presentando un conjunto de propuestas para mejorar el impacto de los programas activos del mercado laboral en la productividad laboral y la reducción de las disparidades de género, étnicas y urbano-rurales.

Además, está apoyando el desarrollo y mejora de los registros sociales en varios países (Brasil, Ecuador, Guatemala, Perú y Trinidad y Tobago) y contribuyendo a transformar SIUBEN, el registro social de la República Dominicana, en una herramienta esencial para la Reducción del Riesgo de Desastres. Hacer que nuestros sistemas de protección social sean más adaptables y receptivos a los choques relacionados con el clima está en la cima de nuestras agendas.

Por sobre todo, necesitamos entender cómo funcionan los gobiernos y las sociedades, acoger su voluntad política, esforzarnos por construir consensos en torno a esta agenda y aprovechar las reformas graduales (que son mucho más comunes que las reformas estructurales) para avanzar en la dirección de sistemas de protección social más equitativos e integrales.