América Latina es la región más afectada del mundo por COVID-19, tanto en términos de impacto sanitario como económico. Varios países de ALC se encuentran entre los que tienen el mayor número de casos de COVID-19 en relación con su población. Sin embargo, el Caribe, en particular el Caribe Oriental, es una subregión con un número relativamente bajo de casos: un total de 1800 en Jamaica, 165 en Barbados y 760 en Belice. En Jamaica hay 60 casos por cada 100.000 habitantes.

La contención del impacto en la salud no ha sido gratuita. Los gobiernos de la subregión se han visto obligados a imponer medidas estrictas de cuarentena, bloqueo y cierre de fronteras. Para los países del Caribe, que dependen en gran medida del turismo, las consecuencias económicas de estas medidas están resultando ser extremadamente graves y las perspectivas de recuperación nefastas.

En Antigua y Barbuda, el turismo representa el 54% del PIB; 42% en Belice; 41% en Barbados; 38% en Dominica y 34% en Jamaica. En términos de empleo total, la situación es parecida: el 48% de los empleados en Antigua y Barbuda trabajan en actividades relacionadas con el turismo; 41% en Barbados y 31% en Jamaica.

Otros países de la región también se ven afectados por el declive del turismo. En México, por ejemplo, el sector turístico representa el 17% del PIB total, es la principal actividad económica en muchas regiones del país y emplea a más de 5 millones de personas. Asimismo, el turismo representa el 15% del PIB en Panamá y Honduras y el 13% en Costa Rica.

Como muestra el gráfico 1, si bien la región ha sufrido episodios de pandemias anteriormente, ninguno afectó significativamente a la industria del turismo. El brote de SARS solo frenó el crecimiento del turismo en Antigua y Barbuda y en San Vicente y las Granadinas. El brote de H1N1 se produjo inmediatamente después de la crisis financiera de 2008 y, por lo tanto, la asociación empírica presenta problemas de atribución. El Ébola y luego los brotes de Zika no parecen haber tenido ningún efecto.

Esta vez, sin embargo, es diferente. La escala global de la crisis del COVID-19 y las restricciones de movilidad impuestas para controlarla no solo están afectando la capacidad y las ganas de las personas de viajar por el mundo, sino también sus ingresos disponibles para poder hacerlo. Algunos países del Caribe están exigiendo pruebas (negativas) de PCR para los visitantes para intentar tranquilizar a los turistas y mostrarles que es seguro viajar y al mismo tiempo mantener la pandemia bajo control. Otros no han establecido la cuarentena obligatoria de 15 días. Países como Bahamas y Barbados están emitiendo permisos de trabajo de un año para que las personas trabajen de forma remota. Sin embargo, estas medidas aún no están llenando el vacío.

Hoy en día, el tráfico aéreo se acerca al 15% de los niveles pre-COVID en los principales aeropuertos de Jamaica, República Dominicana y Barbados. Los números muestran que las salidas de vuelos aéreos se redujeron drásticamente a mediados de marzo (estudiar las llegadas tendría más sentido, pero los datos no están disponibles). Se observó un pequeño aumento en Jamaica después de la reapertura de las fronteras a los viajeros extranjeros el 15 de junio, pero todavía está lejos de una recuperación total. La industria de cruceros –de la cual el Caribe es receptor del 38% del número total de pasajeros- también se ha desplomado.

A corto plazo, los países de la región deberán seguir innovando en la implementación de protocolos e incentivos de seguridad para atraer a quienes estén dispuestos y puedan viajar. El intercambio de las mejores prácticas y la creación de una zona libre de viajes entre países con protocolos de seguridad similares en la región podría ayudar. Sin embargo, a largo plazo, esta pandemia ha sido una advertencia sobre la importancia de diversificar las fuentes de ingresos para que los países desarrollen resiliencia ante las crisis.