En la primera mitad del 2021, se estableció una Coalición de Acción feminista a favor de la justicia climática como parte del Foro Generación Igualdad que definió una hoja de ruta crítica en París. Conforme los países presentan sus Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC por sus siglas en inglés) actualizados y se preparan para definir las nuevas metas de biodiversidad y climáticas, esta segunda mitad del 2021 es el momento crítico para reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes para promover efectivamente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Esta reflexión no puede ser aplazada y debe darse en los más altos niveles políticos de nuestra región, ya que estamos viviendo un momento único donde enfrentamos una triple crisis sin precedentes causadas por: la COVID-19, el cambio climático y la perdida de la biodiversidad en una región donde observamos una alta desigualdad y bajo crecimiento, la cual está viviendo una contracción del 7,7% de su economía y un retroceso en la reducción de la pobreza y el abordaje de las desigualdades.

El Informe de Desarrollo Humano (IDH) del 2020 resalta que el desequilibrio planetario y social plantea desafíos interrelacionados que interactúan en un círculo vicioso, agravándose mutuamente. Por lo que estamos en un punto como región donde debemos preguntarnos ¿Qué es necesario para finalmente lograr plantearnos políticas que transformen los sistemas productivos, económicos, sociales y ambientales que nos han llevado a este lugar? Para cambiar esta trayectoria se requiere una gran transformación en nuestra forma de vivir, trabajar y cooperar y acelerar soluciones reales que nos acerquen a un modelo de desarrollo basado en los derechos humanos y la sostenibilidad, donde los elementos sociales, ambientales y económicos no sean vistos como contrarios o trade-off sino como complementarios.

Como región, América Latina ha dado un giro importante a nivel de sus políticas e iniciativas ambientales y climáticas. Por ejemplo, datos preliminares del PNUD nos muestran que todas las 17 NDC presentadas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) incluyen consideraciones de género, 11 de ellas (65%) promueven la igualdad de género de una manera más comprensiva y 8( 47%)  presentan una mayor ambición al incluir metas climáticas género responsivas.

Asimismo, algunas iniciativas innovadoras a nivel local han comenzado a transformar cómo trabajar. Por ejemplo, en Costa Rica el Programa Más Mujer Más Natura, promueve oportunidades de financiamiento ambiental para mitigar los impactos generados por la COVID-19. En Ecuador el Programa Nacional para la Gestión Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida visibiliza la labor de mujeres en el sector minero y brinda oportunidades de trabajo digno y en Panamá se ha iniciado el desarrollo del Plan Nacional de Género y Cambio Climático, que alinea los compromisos climáticos del país con acciones de género. Estas experiencias nos muestran inequívocamente que promover la igualdad de género no es un tema que simplemente se añade, sino que es esencial para alcanzar los objetivos y las metas ambientales.

Esperamos que estas reflexiones no se queden únicamente en los avances, sino que a partir de ellos podamos identificar de manera armonizada los vacíos, desafíos y prioridades y definir los pasos necesarios para garantizar que las agendas de desarrollo incluyan medidas género transformadoras que nos lleven a vivir en equilibrio con el planeta y en un mundo más justo. Recordando siempre que la igualdad de género es sinónimo de cambio y el elemento catalizador que nos permitirá diseñar estrategias de intervención más integrales y multidimensionales que ofrecen oportunidades genuinamente transformadoras a nivel social y ambiental.