Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, día designado desde hace ya 28 años por la Asamblea General de las Naciones Unidas para impulsar acciones dirigidas a prevenir, mitigar, responder y recuperar el impacto de los desastres en la vida y el bienestar de las personas, que se traduzcan en comunidades y naciones cada vez más resilientes, mejor preparadas para enfrentar los desafíos de las crisis.

Este año, bajo el lema “#TodoEsGobernanza”, se invita a reflexionar en los temas relativos a la gobernanza del riesgo de desastres, enfocándose en una de las siete metas globales del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

El tema no puede ser más relevante en estos momentos y donde el papel de la sociedad y de las estructuras de gobernanza resultan fundamentales para reducir los niveles de impacto de las crisis y lograr la recuperación. Las crisis demandan decisiones importantes hoy, de ahí la importancia de contar con instituciones públicas sólidas que tengan capacidades para abordar los efectos negativos de las crisis.

Según datos de la CEPAL, entre 1990 y 2017, ocurrieron en el Caribe 408 desastres asociados a amenazas naturales, lo que representa una media de 14,6 al año. Se registraron desastres todos los años durante ese período, pero la mayor incidencia ocurrió en 2004 y 2017: 30 y 29 desastres, respectivamente. Los países que sufrieron un mayor número de desastres fueron Haití (90), la República Dominicana (59) y Cuba (53)^[1].

República Dominicana actualmente, además de la COVID-19 debe enfrentar otro reto: la temporada de huracanes del Atlántico de 2020 – que inicio el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre. Esta isla se encuentra entre las más frágiles del mundo al cambio climático y, debido a la pandemia, su economía se está viendo muy afectada por el impacto en el sector turístico, que representa el 7.4% del empleo directo del país y es la actividad económica que evidencia una mayor contribución sectorial: por cada 1% de contracción en el turismo, la producción de actividades encadenadas al sector se reduce en 0.38%.

Este fue el caso de la reciente tormenta Laura que en la nación caribeña desplazó a más de 9,000 personas y dejó a más de 700,000 personas sin energía eléctrica, en un momento en el que, la mayoría están confinados en casa. Las poblaciones que ya están sufriendo el impacto social y económico de la pandemia necesitan absorber los efectos de un clima cambiante y eventos climáticos severos.

Los efectos de los desastres son al mismo tiempo la causa y la consecuencia de la pobreza. Mientras persistan los niveles de desigualdad, de pobreza, de exclusión, poco se logrará en la reducción del riesgo de desastres y muy difícil romper con ese círculo vicioso. Los virus, los fenómenos hidrometereológicos y los sismos presentan desafíos similares, pero son diferentes las condiciones preexistentes que encuentran y la forma que las sociedades responden y reaccionan frente a ellos.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para contribuir con la gobernanza – a través de los años - hemos trabajado de la mano con el Gobierno dominicano, más recientemente en la actualización del Plan Nacional de Respuesta frente a eventos sísmicos, el Protocolo de activación y operación de un Sistema de Alerta Temprana-SAT, ambos elaborados en estrecha coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE); el Mapa interactivo del índice de Vulnerabilidad frente a Choques Climáticos (IVACC) y el Protocolo Nacional de Actuación para la Protección Social Frente a los Choques Climáticos ambos elaborados en coordinación con Unicef y el Gabinete de Políticas Sociales, en particular con Prosoli y SIUBEN.

Las inversiones y esfuerzos actuales – y los realizados a través de los años – para fortalecer sus sistemas de protección social, reconstruir sus sistemas de abastecimiento de agua potable, obras viales han rendido frutos para hacer frente a los desafíos actuales y proteger los avances logrados para alcanzar un desarrollo sostenible y la Agenda 2030.

Personas, comunidades, municipios y naciones más resilientes no se construyen de un día para otro. Requiere a todo nivel de una gobernanza y de un compromiso político en la gestión y reducción del riesgo necesarios para avanzar gradualmente en los niveles nacional y local.

Recientemente el PNUD publicó El camino delante: Gobernanza en la Era de la Emergencia[2], haciendo un llamado a examinar el futuro de la gobernanza e invita a desafiar, innovar y co-crear nuevas alianzas gubernamentales para la transición que enfrenta la humanidad. Es “un llamado urgente para construir un nuevo arte de gobernar para la era de la incertidumbre y el riesgo”.

La pandemia representa una oportunidad para repensar los arreglos y funciones de gobernanza en escenarios de riesgos más complejos y sistémicos. Al final de cuentas, aunque a veces no sea tan evidente: todo está relacionado con todo.

[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y el Caribe (LC/CRP.17/3), Santiago, 2019.

[2] Disponible en inglés:  A Way  : Goerning in an Age of Emergence