Nota: Este blog forma parte de Lustig, N. & Tommasi, M. (2020). El COVID-19 y la protección social de los grupos pobres y vulnerables. UNDP. (Próximo a ser publicado)

Una pandemia o una epidemia actúa sobre el bienestar de la población a través de diversos canales. En algunos casos de manera directa impactando sobre la salud de algún miembro activo de los hogares y reduciendo su capacidad de generación de ingresos y, por lo tanto, deteriorando su nivel de bienestar. Pero hay otras vías, más bien indirectas, igualmente importantes. La fase de contención de cualquier pandemia o epidemia (que incluye aislamiento, cuarentena y cierre de escuelas) tiene un efecto recesivo sobre la actividad económica, lo que se traduce en un empeoramiento del mercado laboral y de las finanzas públicas, entre otras dimensiones económicas, y que terminan impactando en el bienestar de los hogares y de las personas que allí residen.

Las niñas y los niños que están al cuidado de las personas mayores afectadas se ven perjudicadas/os por estos motivos también. Pero a éstas/os se suman los efectos de la imposibilidad de asistir a la escuela. Según los últimos datos disponibles de las estadísticas del Ministerio de Educación, en la Argentina son aproximadamente 10,491,524 las niñas y los niños que asisten a la escuela a los niveles primario y secundario. Esto equivale a un 79,6% de la población menor de 18 años.

El efecto que estos factores pueden ejercer sobre el bienestar va a depender de condiciones de vulnerabilidad preexistentes, algunas de los cuales son muy específicas y puntuales, y otras muchas que no pueden ser observados con la información disponible en encuestas a hogares.

Condiciones de vulnerabilidad preexistentes

Así como el nuevo coronavirus provoca mortalidad en las personas mayores por ciertas condiciones de salud preexistentes (hipertensión, diabetes y obesidad, principalmente), las condiciones sociales preexistentes pueden impactar en el bienestar de la población. En el caso de las niñas y niños las condiciones sociales preexistentes provienen de su situación individual (la asistencia a la escuela, por ejemplo), de la situación de la persona adulta responsable de su cuidado, o del hogar en el que reside.

Por su parte, los mecanismos o canales a través de los cuales esto se hace posible pueden ser directos e indirectos. Los directos, dañando la salud de la población; los indirectos, a través de las medidas que debe tomar el gobierno para hacer frente a la pandemia. Los efectos de los impactos sobre el bienestar podrían ser mitigados a través de acciones de política pública concretas, muchas veces usando los programas de protección social preexistentes, que contrarresten las pérdidas de bienestar.

Los canales de transmisión directos son aquellos que permean de manera directa, sin mediación, las condiciones que determinan el bienestar de una niña, niño o adolescente. Por ejemplo, la enfermedad o muerte de un perceptor de ingreso del hogar, provocada por acción del virus. En el caso de la muerte no hay que explicar más, pero la enfermedad se puede traducir en caída de ingresos, pérdida de días de trabajo o de empleo.

Los canales de transmisión indirectos tienen su origen en las medidas impuestas por el gobierno, como el aislamiento, o la crisis económica, y no difieren en sus efectos de las tradicionales. Se enfatiza que se trata de medidas gubernamentales que están motivadas por la necesidad de contención (y/o mitigación) de una pandemia o una epidemia que, indefectiblemente, debe implementar un gobierno para provocar un daño más severo. Un ejemplo, es la caída de la actividad económica agregada y sus efectos sobre el empleo y sobre los ingresos de la población.

Vulnerabilidades detectadas

Las niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgos diversos ante la pandemia de COVID-19, principalmente aquellas/os que residen en hogares cuya jefa de hogar o persona de referencia (PR) es una mujer.

Los riesgos de ver empeorada su situación de bienestar afectan a un grupo importante de niñas, niños y adolescentes del país. El porcentaje de niñas y niños en situación de vulnerabilidad preexistente con los indicadores usados va desde el 28% al 63% en el conjunto de hogares y del 30 al 72% en los hogares cuya jefa es una mujer.

No se encuentran diferencias significativas por sexo. Para los hogares en general, la vulnerabilidad más alta se detecta por pobreza multidimensional-unión y la más baja por pobreza estructural.[1] En los hogares con jefatura femenina la vulnerabilidad mayor proviene del mercado de trabajo y la más baja, también, como en el caso anterior, de los hogares pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Más de la mitad de niñas y niños residen en hogares cuya jefa de hogar o persona de referencia (PR) tiene una probabilidad positiva de fallecer. Esta proporción se encuentra desigualmente distribuida en el territorio nacional, siendo mayor en el noroeste y en el nordeste, y en la franja oriental que llega hasta la primera mitad del territorio nacional.

La probabilidad de morir se hace positiva a partir de los 40 años de edad. La evidencia es idéntica a la que aparece en los estudios realizados para otros países, como así también datos directos no procesados de países con comienzo temprano de la pandemia.

Entre un 56% y un 58% de las niñas y niños de Argentina residen en hogares con algún tipo de riesgo de experimentar mortalidad de su PR. Igualmente, las proporciones mencionadas se reducen marcadamente conforme aumenta la edad de la PR.

Las niñas y niños que están en riesgo por tipo de hogar, supera el 40% en general, pero los que tienen una mujer como PR superan el 60%. Esto es así porque los hogares monoparentales en su gran mayoría están regidos por mujeres. En consecuencia, la proporción de niñas y niños (NyN) en hogares monoparentales con jefatura femenina más que duplica al promedio. El riesgo en este caso es económico y de cuidado. Si la madre trabaja, las NyN se deben quedar solas/os; si la madre dedica su tiempo al cuidado, los ingresos del hogar pueden caer y poner en riesgo el sustento material del hogar. A nivel del conjunto, alrededor de 1,5 millones de NyN se encuentran en esta situación (mono-parentalidad con jefatura femenina).

La concepción de hogar extenso en riesgo es menos intuitiva. Se trata de hogares con numerosos miembros y miembros de varias generaciones. Probablemente su vulnerabilidad esté capturada por otros indicadores, como la pobreza por NBI (principalmente hacinamiento), o por la edad de la PR. Ejemplo de esto último son los hogares con jefatura de persona mayor, que tienen un riesgo de mortalidad mayor.

Más de la mitad de niñas y niños residen en hogares cuya/o jefa/e está desempleada/o, o experimenta precariedad en el mercado laboral. El porcentaje supera el 70% cuando se trata de una jefa mujer. Se trata de un riesgo que proviene ya sea de la estabilidad ocupacional y de ingresos. La posibilidad de interrumpir su participación en el mercado de trabajo o de percibir ingresos de manera irregular aumenta la probabilidad de pobreza monetaria y aún no monetaria, si esto hace que no sea posible hacer frente a costos de alquiler, por ejemplo, y tanga que migrar su residencia a hogares extensos.

La mitad de las niñas y niños del país residen en hogares que declaran haber vivido de la ayuda de organizaciones diversas, principalmente del Estado. Esta ayuda incluye no solamente dinero, sino mercaderías, ropa, alimentos, etc. y no solamente del Estado sino de otras instituciones: familiares, vecinos u otras personas que no viven en este hogar.

Alrededor de 2 de cada 10 niñas y niños viven en hogares que pueden ser caracterizados como estructuralmente pobres. Nótese que este indicador está captando población menor de 18 años que vive en condición de hacinamiento, en viviendas precarias a juzgar por el material con el que está construida, en viviendas en las que falta baño, si tienen baño carecen de descarga de agua; o en vivienda sin acceso al agua potable para beber; e incluye también indicadores de asistencia a la escuela. Todos estos factores obstaculizan las acciones preventivas sugeridas por los organismos de salud que tienen por misión la contención de la pandemia.

Nótese la distribución territorial de este fenómeno. La mayor cantidad de niñas y niños estructuralmente pobres se concentra en las zonas con mayor población, pero la mayor proporción en las zonas tradicionalmente pobres del país: noroeste y nordeste, y en departamentos de provincias del sur del país.

Más de la mitad de niñas y niños viven en hogares con ingresos insuficientes. La escasez de recursos monetarios impacta sobre todas las dimensiones del bienestar: posibilidades de educarse, de disponer de medicamentos, de alimentarse adecuadamente, etc. Además, esto muestra que a pesar de la gran cobertura de los programas de protección social vigentes y de la focalización precisa que presentan, no resultan suficientes para contribuir a cubrir los presupuestos familiares. Estas cifras podrían aumentar debido a la conexión existente entre esta dimensión y otras analizadas en este documento: hogares monoparentales y problemas relacionados con el mercado laboral, principalmente.

La gravedad de la situación puede evaluarse por la cantidad de vulneraciones que enfrenta una niña, niño o adolescente. La cantidad de niñas y niños que no enfrentan ningún tipo de riesgo es muy baja en Argentina: 8,6%. El resto de la población menor de 18 años enfrenta algún tipo de vulnerabilidad. También es bajo aquél/aquélla que enfrenta seis vulnerabilidades conjuntas: 2,9%. Claramente, la vulnerabilidad proveniente del mercado de trabajo es la que tiene el peso mayor.

Conclusiones y agenda

Las condiciones sociales y económicas preexistentes convierten a niñas y niños del país en población de riesgo ante la pandemia. Por los indicadores examinados, más de la mitad de niñas y niños estarían en condiciones de vulnerabilidad social. Se trata de más de 2,5 millones de menores de 18 años. Esta cifra es aún más elevada cuando se toman en cuenta la acción conjunta de todas las dimensiones consideradas en este documento.

Quedan para futuras indagaciones evaluar el efecto de la inasistencia a la escuela según recursos disponibles en el hogar. La conectividad a internet y la disponibilidad de dispositivo de acceso (computadoras en el hogar) es clave en este sentido. El punto de partida de esta indagación es una idea intuitiva que se considera cierta: el efecto negativo del aislamiento puede verse en parte mitigado si las niñas y niños tienen acceso a estas alternativas. En este sentido, la falta de conectividad y de medios para acceder a la conectividad, se presenta como una vulnerabilidad ante la actual crisis sanitaria.

En este sentido, una evidencia aún preliminar da cuenta que en el quintil más bajo de los ingresos familiares el 75% de las/os niñas/os no tienen computadoras en sus casas y el 36% no tiene acceso a internet. Las cifras contrastan fuertemente con las que arrojan niñas y niños del quintil 5: 5% en el primer caso, 2% en el segundo.[2]

[1] Para entender qué dimensiones considera pobreza multidimensional puede consultarse Paz (2019).

[2] Estos datos provienen del Módulo de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación de la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH), 4º trimestre de 2018.