Desde fines de la década del año 2000, Chile ha experimentado un aumento en la demanda de derechos sociales lo que se tradujo en una mayor presión fiscal. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha propuesto una agenda de expansión de derechos sociales para América Latina y el Caribe para generar mecanismos universales de protección social en materia de salud y pensiones, entre otras áreas, lo cual requiere un aumento en la recaudación.

A pesar de los esfuerzos realizados en la última década mediante diversas reformas tributarias, Chile mantiene una diferencia de entre 5 y 12 puntos respecto del promedio de recaudación total de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tomando como base un nivel de desarrollo similar al de Chile. Además, el sistema tributario de Chile depende en gran medida de los impuestos indirectos – en particular del IVA, por lo que se lo considera regresivo. Por último, reformas realizadas por gobiernos con objetivos divergentes han generado complejidades y desincentivos para el crecimiento de empresas, en particular de las pequeñas y medianas (pymes).

Teniendo en cuenta los desafíos de economía política que presenta la aprobación de reformas tributarias en Chile, el presente estudio propone una serie de medidas que podrían adoptarse con el fin de aumentar la progresividad y eficiencia del sistema tributario chileno, facilitando la transición hacia un pacto fiscal de mediano plazo. En particular se discuten políticas que abordan las siguientes acciones: eliminación de gastos tributarios aplicados al IVA y al impuesto a la renta; modificaciones a los impuestos patrimoniales; eliminación de desincentivos para el crecimiento de las pymes, y el establecimiento de un impuesto corporativo progresivo; mecanismos para combatir la evasión y elusión; modificaciones a los impuestos correctivos; modificación de los impuestos personales, entre otras.

Son diversas las combinaciones de medidas que puede adoptar Chile para conseguir la recaudación adicional que permita al Estado dar una mejor respuesta a las crecientes demandas sociales de la ciudadanía