La pandemia de la COVID-19 ha planteado desafíos que no tienen precedentes en la historia reciente, lo que ha obligado a los gobiernos a actuar con audacia, en un período de tiempo muy corto. La crisis de salud pública ha desencadenado una crisis socioeconómica, imponiendo enormes demandas logísticas, requiriendo un apoyo económico decisivo para los hogares y las empresas, y empujando la reorganización de las agencias estatales, justo cuando una gestión eficiente de los recursos públicos resulta más apremiante. El desafío es “reconstruir mejor”, para que la recuperación no deje a nadie atrás. En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, en América Latina “reconstruir mejor requiere transformar el modelo de desarrollo”, para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza.

Para enfrentar los desafíos de salud pública que se avecinan y liderar los esfuerzos de recuperación, los gobiernos necesitan tantos recursos financieros como sea posible. Un informe reciente de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD destaca que esto requiere de regímenes tributarios y políticas fiscales que "garanticen recaudaciones que fortalezcan la capacidad del Estado para brindar servicios públicos de calidad, permitiendo un gasto sostenible, más justo e inclusivo, que promueva la universalidad de la protección social y favorezca el crecimiento económico".

Sin embargo, los desafíos no se terminan con una mayor recaudación fiscal. La magnitud de la crisis también requiere que los fondos públicos se usen de manera eficaz y eficiente. Esto significa, en primer lugar, organizar el gasto público en torno a objetivos que tengan en cuenta las necesidades de la población. Ello requiere de los gobiernos tanto la capacidad de escuchar a sus ciudadanos como de monitorear y evaluar constantemente sus propias acciones. Además, la transparencia y la participación en la formulación de presupuestos y en la supervisión del gasto son claves para aumentar la confianza pública en el Estado. En resumen, reconstruir mejor también es gastar mejor.

En Chile, la pandemia golpeó al país mientras el Gobierno, el Congreso y otros actores nacionales se encontraban en el proceso de abordar una crisis social y política desencadenada en octubre de 2019. Las manifestaciones masivas habían expresado claramente demandas de la población para abordar las desigualdades que caracterizan al país. Los actores políticos reaccionaron proponiendo un itinerario para reemplazar la Constitución, avalado mayoritariamente por los votantes en un plebiscito.

Como parte de las medidas del Gobierno para enfrentar estos desafíos, en enero de 2020 el Ministro de Hacienda convocó una “Comisión asesora ministerial para la transparencia, calidad e impacto del gasto público”. El grupo se estableció formalmente a principios de enero y se le pidió que trabajara durante un año. La pandemia de la COVID-19, que aterrizó en el país a mediados de marzo, dio un nuevo sentido y urgencia al mandato de la Comisión, pero no modificó sus dos principales objetivos; facilitar y promover una mayor participación ciudadana en las diferentes fases del proceso presupuestario y una rendición de cuentas más centrada en los ciudadanos; y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, con base en datos de alta calidad.

La comisión estuvo compuesta por 16 miembros. El PNUD fue la única institución invitada a esta iniciativa, ya que todos los demás miembros participaron a título individual; venían de grupos de expertos, ONG y universidades. Incluía a ex autoridades del Ministerio de Hacienda y de la Oficina de Presupuesto, excongresistas y un exministro de Educación.

En el transcurso del año, la comisión realizó una serie de propuestas a las autoridades. A modo de ejemplo, se propuso que el Ministerio de Hacienda, junto con el Servicio de Impuestos Internos de Chile, brindaran a los contribuyentes información sobre la forma en que se gastaron sus impuestos en 2019. Se propuso que este informe fuera entregado digitalmente a los contribuyentes de manera individualizada cuando enviasen sus formularios de impuestos a la autoridad. El ministro estuvo de acuerdo con la recomendación y, como resultado, se enviaron más de tres millones de informes a los contribuyentes en 2020. Un diseño experimental asociado con el despliegue, mostró que recibir esta información aumentó significativamente la confianza de los contribuyentes en el gobierno, así como sus percepciones respecto de la transparencia.

Otras recomendaciones de la comisión se centraron en la transparencia de la información; la auditoría del gasto público extraordinario en el contexto de la crisis de salud pública; y la gestión de fondos asociados a un plan de emergencia para la protección de los ingresos de las familias y la recuperación económica y laboral.

En su informe final, entregado al Ministro de Hacienda en una ceremonia en enero de 2021, la Comisión hizo 35 propuestas, organizadas en seis áreas prioritarias. Cada una de ellas esboza cambios estructurales que, de implementarse, permitirán al país diseñar un mejor proceso presupuestario. Las seis áreas son: (1) organizar el presupuesto estatal anual en torno a metas explícitas a largo plazo, estableciendo métricas asociadas a cada meta y armonizando las herramientas de evaluación utilizadas por las diferentes instituciones públicas; (2) priorizar mejor los recursos públicos, a través de un rediseño del proceso de discusión presupuestaria en el Congreso; (3) crear un sistema de monitoreo y evaluación del gasto público, que sea internamente consistente y esté explícitamente vinculado al proceso presupuestario; (4) aumentar la transparencia fiscal, mejorando la disponibilidad de información para los actores individuales e institucionales; (5) establecer mecanismos formales, explícitos y sistemáticos para incluir la participación pública en todas las etapas del proceso presupuestario; y (6) desarrollar nuevas políticas para incrementar el conocimiento público y la comprensión de las finanzas públicas.

Reconstruir mejor requiere, entre otras cosas, que los gobiernos gasten mejor. Esta es una condición necesaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Chile avanza en esa dirección. Para la oficina del PNUD en Chile, haber sido invitada a formar parte de un grupo de expertos para proponer formas innovadoras de apoyar la respuesta del Estado, es un testimonio de la confianza que nuestras contrapartes depositan en la capacidad del PNUD como socio estratégico, para la construcción de instituciones más sólidas y de un futuro más sostenible, en línea con las aspiraciones de la Agenda 2030.