Más de la mitad de las exportaciones que Chile realiza dependen directamente de sus recursos naturales. La pesca, la fruticultura y la actividad vitivinícola se suman a la extracción del cobre como los principales productos que el país envía al extranjero. Se trata de actividades que son clave para la economía del país.

El desafío es entonces hacerlas sostenibles. ¿De qué manera? Impulsando que el crecimiento económico conlleve al desarrollo social e impacte mínimamente al medio ambiente, tal como lo establece la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a la que Chile suscribe desde hace dos años.

Por ejemplo, una industria extractiva genera oportunidades empresariales y de empleo a nivel local, además de un volumen considerable de ingresos a través del pago de impuestos y dividendos: estos recursos pueden ser invertidos por los gobiernos en desarrollo económico y social con un enfoque inclusivo y participativo en las comunidades. Asimismo, las empresas pueden hacer el esfuerzo por reparar, mitigar o compensar, el impacto que realizan sobre los recursos naturales.  

Este tema fue parte de lo tratado en el evento convocado por Acción Empresas -organización que reúne a un centenar de compañías en Chile- a través de su primer Laboratorio de Derechos Humanos y Empresas del Sector Extractivo, instancia a la cual asistió la Coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, Silvia Rucks; la Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado para Derechos Humanos (ACNUDH), Birgit Gerstensberg; y la Jefa del Programa de Gobernanza y Desarrollo Sostenible del PNUD en Chile, Paloma Toranzos.

En la ocasión y desde Naciones Unidas se invitó a las empresas para que fortalecieran el enfoque de derechos humanos en sus organizaciones y se les instó a que sus inversiones, operaciones y prácticas corporativas avanzaran hacia una mayor sostenibilidad.

Para ello, se recordó la importancia de las alianzas intersectoriales con las comunidades locales, la sociedad civil y el gobierno y la necesidad que el Estado facilite y regule la inversión privada en este ámbito.

En este marco se destacó la experiencia de PNUD en América Latina en torno al diseño de estrategias para el crecimiento inclusivo y la diversificación económica; el manejo efectivo de las industrias extractivas mediante la mejora de la gobernanza y diálogo democrático; y la colaboración con el sector privado, asegurando el cumplimiento de los derechos de las comunidades afectadas, la planificación participativa y el empoderamiento de la sociedad civil.

En el caso de Chile se resaltó el trabajo en torno a las alianzas público-privadas, los acuerdos para la reducción del riesgo de desastres, el diálogo territorial y la prevención de conflictos y la gestión de pasivos ambientales provenientes de la industria extractiva.    

La Agenda 2030 señala que: “La actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo. Reconocemos la diversidad del sector privado, que incluye tanto a las microempresas como a las cooperativas y las multinacionales. Exhortamos a todas las empresas a que aprovechen la su creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible” (Artículo 67 de la Declaración Transformar Nuestro Mundo).

Contacto: Pilar Zapata Coloma, Equipo de Comunicaciones del PNUD Chile |  pilar.zapata@undp.org