Con el objetivo reflexionar sobre el estado de situación, la evolución y las condiciones de empleo de las trabajadoras domésticas en el Cono Sur, el 14 de noviembre se realizó en Montevideo el conversatorio “Trabajadoras domésticas en la región. Lecciones aprendidas y políticas a futuro”[1].

La actividad se celebró a 12 años de la aprobación de la de la Ley 18.065, de regulación del trabajo doméstico en Uruguay y contó con la participación de representantes del gobierno, la sociedad civil, las trabajadoras, el sector empresarial y la academia.

En el encuentro se dieron a conocer también los avances en términos de legislación en los países de la región y se presentaron dos trabajos que analizan el impacto de la legislación local sobre las trabajadoras domésticas.

Avances en Uruguay

En la apertura el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, destacó los avances en derechos adquiridos por las trabajadoras domésticas en Uruguay. Subrayó que en 10 años el salario real de las trabajadoras domésticas “creció un 130% por encima de los precios, y más del doble que el del resto de los empleados en Uruguay”.

Además, recordó que desde 2008 a la fecha se celebraron “cuatro convenios colectivos en una negociación efectiva” y que la “formalización” de las trabajadoras domésticas ante el Banco de Previsión Social aumentó un 150% —de 30.000 a 75.000 registros en 15 años—.

Murro recalcó que Ley 18.065 sirvió de base para la redacción del Convenio 189 - Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “que establece pautas para todos los países”.

Legislación en la región

En cuanto la legislación, la consultora del PNUD, Lilian Soto, hizo referencia a su estudio Las trabajadoras del hogar remuneradas en el Cono Sur: lucha y superación de exclusiones históricas[2], que analiza, entre otras cosas, la vinculación entre los marcos normativos regionales y nacionales, especificando los cambios legales hacia la igualdad de derechos del empleo doméstico que se produjeron en la última década en el Mercosur.

En ese sentido, destacó a Uruguay por ser el primer país del Mercosur en aprobar una ley de regulación del trabajo doméstico —en 2006— y en ratificar el Convenio 189 de la OIT, que permite, entre otras cosas, que el sindicato de trabajo doméstico participe en los Consejos de Salarios.

También destacó avances en Bolivia, en 2003, Argentina, en 2013, y Brasil, em 2013, cuyas legislaciones les brindaron a las trabajadoras del hogar “prácticamente los mismos derechos de los que gozan otros trabajadores”. En el caso de Chile, los avances fueron graduales: "las trabajadoras accedieron al mismo salario mínimo en 2011 y en 2015 redujeron las desigualdades relativas a la jornada laboral”. En tanto Paraguay, aprobó la Ley del Trabajo Doméstico en 2015, “con varias mejoras para el sector, pero aún no estableció la igualdad salarial”.

Impacto de políticas en Uruguay

En el encuentro se discutieron los resultados del estudio Evaluación de impacto de las políticas hacia asalariadas domésticas implementadas en los últimos diez años (2007 a 2017), a cargo de la economista María José González de la Unidad de Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El estudio también se centra en la regulación del trabajo doméstico y la apertura del grupo 21 (sindicato que nuclea a las trabajadoras domésticas de Uruguay) en los Consejos de Salarios.

Según González, de las personas asalariadas en tareas domésticas en el sector privado 99% son mujeres y presentan “varios indicadores que dan cuenta de una mayor vulnerabilidad del hogar al que pertenecen y peores condiciones de inserción en el mercado laboral”. Señala, en particular, que la incidencia de la informalidad “más que triplica” a la registrada por el resto de los asalariados privados.

Las asalariadas en tareas domésticas, además de ser en un 99% mujeres, tienen en promedio, mayor edad, menor nivel educativo, más presencia en el interior del país, en hogares de menores ingresos y con menores ingresos laborales mensuales en relación con el resto de los trabajadores del sector privado. “Esta caracterización relativa se ha mantenido estable en términos generales en los últimos diez años”, añadió la economista.

Si embargo, desde el primer acuerdo firmado en los Consejos de Salarios hasta julio de 2017 los aumentos de salarios en el sector fueron de 125% en la primera franja definida por convenio, 73% de la segunda y 30% de la tercera.

Por otro lado, se estima que las políticas que promovieron la formalización de las asalariadas privadas domésticas entre 2007 y 2017 permitieron un aumento de seis puntos porcentuales en la cobertura en seguridad social en el sector.

La autora explicó que este análisis surge de la comparación entre un grupo de “afectados por la política” y un “grupo de control” compuesto por personas “de similares características, pero no afectadas por la política”. Con este método también se da cuenta de un aumento de 9,7 puntos porcentuales en los ingresos mensuales en términos reales.

Por otra parte, se presentaron los resultados del estudio Informalidad laboral y políticas públicas de empleo. El caso del salario mínimo para trabajadoras domésticas en Uruguay, a cargo de un grupo de investigadoras CIEDUR.[3]

Sharon Katzkowicz, una de las autoras, afirmó que el principal propósito de establecer salarios mínimos es “proteger a los trabajadores que reciben menores salarios con pisos de ingresos decentes”.

El estudio indica que casi 20% de las trabajadoras domésticas de menores ingresos laborales aumentaron sus salarios; este incremento se observó tanto entre las trabajadoras formalizadas y no formalizadas.

Además, señala que la proporción de trabajadoras domésticas de menores ingresos que aumentan su salario debido a la determinación del salario mínimo pasa de 33% en 2006 a 13% en 2016. “Esto va constituyendo un núcleo de trabajadoras sobre las cuales es necesario pensar un par de medidas específicas para que sus ingresos por salario sigan creciendo”, comentó Katzkowicz.

Las expositoras y participantes coincidieron en que la información, la falta de concientización y el agravamiento de los problemas en el interior del país se presentan “como nudos estructurales que urge atender”.

Por otro lado, destacaron como positivas la fijación de políticas amplias, que incluyen la fijación de salarios, inspección de las condiciones de trabajo y campañas de difusión.

[1] El encuentro estuvo organizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Comisión tripartita para la igualdad de oportunidades y trato en el empleo, con apoyo del PNUD, el Banco de Previsión Social (BPS), el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR) y el Partnership for economic policy (PEP).

[2] Cuaderno de apoyo preparado para la preparación del Informe regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2016

[3] El estudio estuvo a cargo de las autoras Alma Espino, Soledad Salvador, Karina Colombo, Sharon Katzkowicz, Gabriela Pedetti, Martina Querejeta y Marcelo Bérgolo