Cuando el año pasado surgió la pandemia de COVID-19, también surgieron preocupaciones por el posible efecto negativo de la crisis en las remesas y en las familias que dependen de ellas.

      Afortunadamente, las remesas han demostrado ser mucho más resilientes y fiables de lo esperado. Los últimos datos del Banco Mundial revelan que las remesas a los países de ingresos bajos y medios alcanzaron los 540.000 millones de dólares en 2020, apenas un 1,6 % por debajo del total de 2019.

         Hay muchas razones por las que las remesas disminuyeron menos de lo esperado tras la pandemia de COVID-19. La principal es que los migrantes dan prioridad a las necesidades de sus familias, reduciendo el consumo personal y recurriendo a los ahorros. Las medidas fiscales de los países de acogida también hicieron posible que los trabajadores migrantes enviaran dinero a sus familias.

         De cara al futuro, debemos seguir esforzándonos por apoyar y proteger a los migrantes, quienes —como ha puesto de manifiesto la pandemia de COVID-19— desempeñan un papel tan importante a la hora de mantener en funcionamiento los servicios esenciales y la economía en general en muchas partes del mundo. Garantizar que todos los migrantes, sea cual fuere su situación migratoria ante la ley, estén incluidos en los planes de distribución de la vacuna contra la COVID-19 es fundamental para la salud y la seguridad de todos.

         También insto a todas las partes interesadas a que sigan esforzándose por reducir los costos de la transferencia de remesas —que son vitales en el mundo en desarrollo— hasta un nivel lo más cercano posible a cero, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y a que fomenten la inclusión financiera de los migrantes y sus familias, especialmente en las zonas rurales pobres. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ofrece un marco unificado para aplicar estas medidas.