El pasado 28 de noviembre 2021, se realizaron elecciones generales en Honduras durante las cuales se eligieron las principales autoridades que representarán el país por los próximos cuatro años (2022-2025), incluyendo la presidencia de la República a cargo del Poder Ejecutivo. Esta etapa de transición está siendo apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de un proceso de pre-empalme y empalme que permitirá identificar las prioridades institucionales del nuevo Gobierno.

Tanto el proceso de empalme como el proceso previo de pre-empalme suceden en la etapa de transición entre el Gobierno saliente y el Gobierno entrante con el objetivo de asegurar que la nueva administración fortalezca los procesos de gestión pública y gobernabilidad democrática con una visión de largo plazo. Este proceso es esencial para dar estabilidad a la economía, la productividad y al desarrollo y para que se sigan ofreciendo servicios y accesos a la ciudadanía. Permite determinar prioridades que tiene que tomar en consideración el Gobierno electo a partir de la identificación de iniciativas y objetivos comunes por las instituciones gubernamentales.

La Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) fue nombrada como la entidad nacional coordinadora del proceso de transición y cierre de Gobierno hondureño actual, para lo cual se definió una fase de pre-empalme. Esta fase, que todavía se encuentra abierta (a enero del 2021), consiste en al menos reuniones con el gabinete de Gobierno para la definición y planteamiento de las prioridades institucionales. Allí se destaca la gobernabilidad y gobernanza, infraestructura, situación económica y social, calidad de servicios públicos, seguridad y defensa, combate a la corrupción, entre otros.

El PNUD ha apoyado a más de 10 procesos de transición en la región usando el proceso de empalme. En República Dominicana, el implementó un proceso de empalme para el periodo actual del presidente Luis Abinader. Este consistió en enlazar las medidas tomadas por el Gobierno saliente frente a la pandemia de la COVID-19 a fin de contrarrestar los graves efectos sobre la población. En el caso de Ecuador, a principios del 2021, el presidente Lenin Moreno también llevó a cabo un proceso de pre-empalme donde destacó que su prioridad era enfocarse en aquellas políticas públicas dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas. El funcionario también afirmó que: “La presencia del PNUD es una garantía de estabilidad económica”.

Cabe destacar que el elemento más importante del proceso de empalme es la colaboración de las entidades y equipos gubernamentales ya que éstas se encargan de la identificación de aquellas políticas públicas que han sido más exitosas en la generación de valor público y que por ende deberían de seguir materializándose a través de programas y proyectos. Para ello, se les habilita una plataforma donde se publican las iniciativas en mención junto con normativas, contratos, sistemas y bases de datos, medidas COVID-19 a fin de proponer a la administración entrante una agenda para su posible aplicación y si existiesen las principales demandas judiciales. Dicha información muestra a las nuevas autoridades de Gobierno un diagnóstico claro de los retos y oportunidades de la administración del Estado, y, a raíz del mismo, se inicia el proceso de empalme final orientado a la toma de decisiones de los próximos objetivos del Gobierno.

El PNUD tiene el compromiso de apoyar los esfuerzos de fortalecimiento institucional y a favor de la gobernabilidad democrática con soluciones innovadoras y ágiles, a fin de que las instituciones nacionales entreguen servicios y respuestas óptimas y en tiempo a la ciudadanía.

Adicionalmente a los procesos de pre-empalme y empalme y en línea con su compromiso en apoyar a los países en fortalecer la gobernanza, el PNUD presentará a principios de 2022 un nuevo Informe de Desarrollo Humano (IDH) de Honduras, que recoge un profundo análisis acerca de avances y cambios que han ocurrido en el país en la última década. Presenta también los retos, proponiendo un conjunto de políticas públicas y ofreciendo herramientas para fortalecer el Estado de Derecho, pilar fundamental para un desarrollo humano sostenible para el país.