Todas las personas dependemos del medioambiente en el que vivimos. Un entorno ecológico saludable es una condición necesaria para el pleno disfrute de los derechos humanos, entre ellos el derecho a una vida digna, a la salud, la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento.

Las tendencias globales que estamos viviendo en nuestros días nos confirman esta evidencia: la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación del planeta, la mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales y otros fenómenos asociados al cambio climático amenazan con revertir décadas de desarrollo y exacerbar la pobreza.

Este creciente consenso sobre el vínculo existente entre los derechos humanos y el medioambiente se ha plasmado, progresivamente, en un mayor número y alcance de leyes internacionales y nacionales, así como en decisiones de tribunales tanto nacionales como internacionales que han sentado jurisprudencia en la materia.

El camino ha sido largo. El derecho a un medioambiente sano surge con la aparición de los llamados derechos de tercera generación o derechos de solidaridad, a través de una serie de principios rectores definidos en varios instrumentos internacionales, principalmente en la Declaración de Estocolmo sobre Medio Humano (1972), la Carta Mundial de la Naturaleza (1982) y la Cumbre de la Tierra o Río 92 (1992).

Este conjunto de principios adquiere carácter vinculante al ser el derecho al medioambiente explícitamente incluido en la constitución de más de cien países y en instrumentos regionales tales como el Protocolo de San Salvador de 1998 a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con carácter vinculante para los países de nuestra región.

Si bien el derecho a un medioambiente saludable no ha sido reconocido a nivel global en un tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas, en 2015 se produjo un avance importante con la constitución de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medioambiente. El titular de este mandato especial de la ONU examina la jurisprudencia sobre derechos ambientales, investiga las denuncias de violaciones de derechos y promueve el cumplimiento y la aplicación de las normas, además de hacer recomendaciones.

Desde el año 2015, contamos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este nuevo compromiso global incluye varios objetivos medioambientales y hace de la sostenibilidad ambiental una condición insoslayable para alcanzar el progreso y el fin de la pobreza.

La consigna de “no dejar a nadie atrás” en esta nueva agenda global obliga a seguir emplazando los derechos ambientales en el centro de las políticas públicas, máxime cuando las principales amenazas en el mundo y, particularmente, en nuestra región vienen condicionadas por el deterioro ambiental y el cambio climático.

El año pasado, un grupo de expertos[i] que incluía a los relatores de derechos humanos de la ONU relativos al medioambiente, agua potable y saneamiento, derecho a la alimentación y otros derechos, emitieron un comunicado conjunto en el que urgían a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a adoptar un acuerdo firme y legalmente vinculante sobre derechos ambientales, incluyendo los derechos a la información, participación y acceso a la justicia. Hoy, contamos con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, en proceso de ratificación para que entre en vigor.

Una vez comprendida la relación virtuosa entre el cuidado del medioambiente y el avance de los derechos humanos, se hace imprescindible seguir apostando por más derechos ambientales y de mayor alcance. El llamamiento de los expertos de la ONU es la constatación de que, sin un ambiente sano, no hay desarrollo económico ni social posible.

[i] https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22456&LangID=S

Texto original publicado en AMBIENTE & RESPONSABILIDAD Magazine