69 funcionarios municipales de Ambato, Durán, Guayaquil, Huaquillas, Latacunga, Machala, Milagro, Quito y Santa Rosa fueron certificados como formadores en derechos humanos, movilidad humana y género. Este es el resultado de un programa de capacitación presencial y en línea, liderado por el Programa Integra, cuyo objetivo es brindar conocimientos sobre los marcos de la cooperación y el derecho internacionales, las normas nacionales, mecanismos y guías para promover procesos de integración socioeconómica en los territorios.

Este proceso, liderado en su mayoría por mujeres, las cuales representan un 65 % de los funcionarios certificados, representa la base para la implementación de programas de emprendimiento y empleabilidad, que se ejecutará en el segundo semestre del año. Se espera que participen alrededor de 3.000 personas entre población en movilidad humana y comunidades locales de las 9 ciudades.  

Martín Macías, analista del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Durán, participante en este proceso, afirmó que el programa formativo le ha permitido adquirir competencias para atender a una persona en movilidad humana en condición vulnerable.

Por su parte, Luis Magallanes, jefe de la Oficina de Movilidad Humana del Municipio de Guayaquil ve al programa Integra como estratégico para articular diferentes iniciativas y servicios dirigidos a esta población.

Desde sus inicios, el proyecto Integra ha trabajado en colaboración con los funcionarios de los municipios con el fin de brindar herramientas que permitan plantear soluciones y alternativas a los procesos migratorios.

Se estima que actualmente, Ecuador acoge un aproximado de 513.900 personas venezolanas en condición de movilidad humana.

Sobre el Programa Integra

INTEGRA es una iniciativa de la UE a la cual destinó 6,1 millones de euros para promover la sostenibilidad y continuidad de los esfuerzos de integración socioeconómica de la población migrante y refugiada venezolana.

En líneas generales, se busca continuar fortaleciendo las respuestas nacionales y las capacidades de los gobiernos locales para contribuir a la recuperación y la reactivación económica luego de la pandemia de COVID-19, y así generar espacios de convivencia pacífica y mejora de la cohesión social entre la población venezolana y las comunidades de acogida.

El Programa inició en abril de 2021, con especial énfasis en la participación de mujeres y su empoderamiento económico.

En su implementación actúan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y un consorcio de ONG internacionales integrado por Ayuda en Acción, CISP y HIAS. Las organizaciones trabajan de manera complementaria en acciones humanitarias, de paz y desarrollo.