Con la participación de actores del gobierno, el Parlamento, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional, el 12 de octubre se realizó el seminario “Claves para la implementación de medidas alternativas a la cárcel”. Durante la jornada se presentaron cuatro estudios, tres de ellos realizados en el marco del proyecto “Tendiendo puentes. Fortaleciendo el compromiso por la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible con foco en justicia y privación de libertad", llevado adelante por PNUD y la Oficina Regional para América del Sur de ACNUDH, en articulación con la OCPP.

El evento fue organizado por la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario (OCPP), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Durante la jornada se presentaron cuatro estudios, tres de ellos realizados en el marco del proyecto “Tendiendo puentes. Fortaleciendo el compromiso por la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible con foco en justicia y privación de libertad", llevado adelante por PNUD y la Oficina Regional para América del Sur de ACNUDH, en articulación con la OCPP.

Estos estudios son: “Mapeo de Alternativas” (dra. Ana Juanche); “Maternidad, cárceles y medidas alternativas” (dra. Ana Vigna); Circulación social del delito (dra. Clara Musto) y “La opinión de líderes y referentes respecto a las penas alternativas en Uruguay (Consultora Cifra).

La apertura estuvo a cargo del comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, el representante residente del PNUD, Alfonso Fernández de Castro, y el representante de la Oficina Regional para América del Sur del ANCNUDH. Jan Jarab.

El comisionado parlamentario Petit señaló el sistema carcelario “atiende fracturas que llevan a la tensión social, a la lesión hacia sí mismos o hacia otros” y que las cárceles “piden a gritos más técnicos, más asistencia y más programas socioeducativos”.

Respecto a los usos problemáticos de drogas en las cárceles, indicó que hay “hay mucho por hacer”. “Desde la oficina, enviamos caso a caso las personas que tienen que tener derecho al tratamiento. Y, si no lo tienen, deben tener una medida judicial al respecto”.

Por su parte, Fernández de Castro indicó que es necesario “promover el debate de un camino pacifico para las sociedades” y que “todas las personas tienen derecho a vivir sin temor”. “Las medidas alternativas implican el desafío de superar la mirada tradicional”, señaló. “Existe alta evidencia de que el aumento de las tasas de encarcelamiento no reduce la delincuencia, al tiempo que tiene costos elevados”, añadió.

“El aumento de la población carcelaria tuvo malas consecuencias”, enfatizó, y lamentó que Uruguay sea el país de Sudamérica que tiene mayor número de personas privadas de libertad per cápita. “Muestra la necesidad de abordar esto de forma urgente”, aparte de que esto “no se ha traducido en una mejora de la seguridad”. En este marco, “las medidas alternativas son un instrumento fundamental para reducir el crimen”.

Fernández de Castro señaló que “existen evidencias de que la seguridad tiene vínculo con la desconfianza” y sugirió que “para abonar a la construcción de la confianza, tiene que verse que las personas que cometen delitos pueden ser rehabilitadas y reinsertadas en la sociedad”. El representante del PNUD está convencido de que “las medidas alternativas benefician a las sociedades en mejorar la seguridad y fortalecer así la democracia”.

Por su parte, Jan Jarab de ACNUDH aseguró que “las crisis penitenciarias de hacinamiento no se solucionan construyendo cárceles” y que para “transformar el sistema penitenciario hay que apostar pasar del encierro a una verdadera oportunidad” y reiteró “el compromiso de apoyar al Estado a incorporar iniciativas de medidas alternativas”.

La Mag. Ana Juanche presentó el estudio “Mapeo de Alternativas a la privación de libertad”. El documento tuvo por objetivo la generación de recursos y análisis de evidencia empírica sobre los desafíos y potencialidades de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, en clave de protección de los derechos humanos.

El informe presenta: i) un panorama sobre la ejecución de las penas privativas de libertad y las medidas alternativas en el mundo y la región; ii) el contexto de su evolución, cambios y permanencias, así como desafíos en el Uruguay y iii) un conjunto de conclusiones y recomendaciones relacionadas con la potencialidad de las medidas alternativas y las principales acciones en materia de política criminal, organización del sistema de ejecución penal y de fortalecimiento de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA).
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Posteriormente, la dra. Ana Vigna presentó el estudio “Maternidad, cárceles y medidas alternativas”. El documento señala que el encarcelamiento femenino, aún más que el masculino, genera impactos negativos sobre terceros, dado que expande el alcance del castigo a personas que no han tenido conflicto con la ley, en particular a los hijos e hijas de estas mujeres, así como a otras personas dependientes, que quedan en una situación de particular vulnerabilidad ante la privación de libertad de sus referentes.

Por otra parte, la estadía de niños y niñas con sus madres en prisión coloca un desafío mayúsculo para un sistema penitenciario desbordado y caracterizado por el hacinamiento y las malas condiciones de vida. El estudio indica que la literatura ha mostrado ampliamente los efectos en el desarrollo cognitivo y emocional de estos niños y niñas que tiene tanto el encierro como la separación de sus madres. 
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Por su parte, la dra. Clara Musto presentó el estudio “Circulación social del delito”. La investigadora asegura que existe un espacio amplio en Uruguay para avanzar en la consolidación de una política criminal eficaz, eficiente y justa. El estudio señala que la política criminal es un tipo de política pública orientada hacia los fenómenos definidos por la ley penal como delitos. Sus estrategias se enfocan en prevenir el delito, mantener un sistema de justicia penal justo, llevar a los infractores ante la justicia, hacer cumplir las sanciones penales, minimizar los daños y costos causados por la criminalidad, y apoyar a las víctimas de delitos.

Mientras que la policía tiene un rol protagonista en la disuasión y represión del delito, la implementación de la política criminal integra a un conjunto más amplio de agencias del estado. En ese sentido, el informe profundiza sobre siete áreas que deberían considerarse: familia, vivienda, educación, trabajo, alimentación y salud mental.
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Finalmente, la socióloga Mariana Pomiés, directora de la consultora CIFRA, presentó el estudio “La opinión de lideres y referentes respecto de la protección de los Derechos Humanos, la Justicia y la Privación de Libertad en Uruguay”

Para realizar este trabajo, se realizó una serie de entrevistas en profundidad y grupos focales (autoridades de gobierno vinculado al sistema penitenciario, parlamentarios, integrantes de la SCJ, Fiscalía, sociedad civil, academia y periodistas) y una encuesta de opinión pública (presentada en setiembre de 2022) para relevar la evaluación sobre el funcionamiento actual del sistema penitenciario, el vínculo que perciben entre el punitivismo y la inseguridad, las actitudes hacia las penas alternativas para delitos no graves, entre otros puntos.

Todas las personas que participaron en el estudio cualitativo coinciden en la gravedad de lo que sucede en el sistema penitenciario en Uruguay, aunque no todos lo conocen realmente de primera mano ni lo vinculan con la política de seguridad que debería tener el país. Además, todos creen que “los grandes cambios solo vendrán si el sistema político quiere”.  Asimismo, reconocen el peso que tiene la opinión pública en las decisiones que toma el sistema político, sobre todo su peso entre los parlamentarios y el Poder Ejecutivo.
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