COP27: Los retos y oportunidades para América Latina y el Caribe
5 de Diciembre de 2022
Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27. Cada COP responde al contexto cultural, económico, institucional y geopolítico. En este caso, los objetivos del límite al aumento de la temperatura y la neutralidad en carbono al 2050, se plantearon en un mundo que intenta recuperarse de la COVID-19 con una marcada desigualdad, pasos regresivos en desarrollo humano, la guerra en Ucrania y la triple crisis climática de pérdida de biodiversidad y contaminación.
La agenda de la COP 27 de Egipto incorporó concretamente temas que tienen que ver con la asimetría en el origen y la evolución de los impactos en el cambio climático, ahondando en las pérdidas y daños que han sufrido y sufren los países más vulnerables a éste, además de la urgencia por dar respuestas y financiar la recuperación.
El financiamiento resulta fundamental para hacer frente a la inversión que demanda la agenda climática y que aún está a la espera de las cifras comprometidas por los países de alto desarrollo, en el marco de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Adicional a esos compromisos, es necesario trabajar en herramientas concretas para las finanzas sostenibles con el fin de hacer posible el logro de hitos ascendentes para los países, actores sociales y sectores productivos.
En América Latina y el Caribe, donde se concentra el 46,5 % de bosques del mundo y se produce el 8,1 % de emisiones de gases de efecto invernadero, si bien existen avances en relación a la ambición de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), como muestra un estudio de la iniciativa Climate Promise del PNUD, el financiamiento continúa siendo una asignatura pendiente a fortalecer y profundizar. En este sentido, instrumentos innovadores como el canje de deuda por acción climática, los bonos verdes y otras herramientas alternativas de las finanzas sostenibles resultan clave; además, la unidad y colaboración regional para abordar la crisis climática e impulsar un desarrollo integral y sostenible en un marco de transición justa es fundamental (Declaración CELAC, 2022).
El fortalecimiento y coordinación institucional además del involucramiento y participación de actores son también desafíos pendientes para una región “superpoderosa en biodiversidad” donde la violencia contra los defensores y defensoras ambientales es una realidad. Así mismo, el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales cobra especial relevancia.
La región presenta diversos ejemplos relevantes para el avance hacia la acción climática, tal es el caso del “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030” por parte de Argentina; la experiencia de Perú en esquemas participativos de carácter público privado para la definición de hojas de ruta hacia la transición energética; la de Paraguay en materia de Pago por resultados y REDD+ ; así como el trabajo de las y los jóvenes en la Cumbre Climática de la Juventud para América Latina y el Caribe.
La energía de la COP 27 con sus discusiones y movimientos, nos muestra que el problema climático, requiere que sigamos actuando con un horizonte común, como colectivo global, multilateral, inclusivo e intergeneracional.