Los países de América Latina y el Caribe (ALC) se han comprometido a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 y convertirse en emisores netos cero para 2050.

El nivel de ambición climática contrasta con la alta dependencia económica de la región a los combustibles fósiles y con las crecientes emisiones provocadas por la deforestación.

Dados los altos costos de transición, la región necesita desarrollar planes financieros que podrían incluir el uso de fijación de precios del carbono, así como la adopción de reglas fiscales verdes.