En  2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas a la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), reconociendo que la violencia política es uno de los tipos de violencia contra las mujeres por razón de su género (Art. 10 lit. d).

La LEIV establece que “los ámbitos de la vida política comprenden el ejercicio de los derechos políticos tales como derecho de organización, participación en procesos electorales y en órganos de dirección, así como la participación en el desarrollo rural y urbano.”

A partir de esta reforma, la LEIV incorporó 8 responsabilidades específicas para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), siendo la primera: “elaborar un protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia política que presenten denuncias en el Tribunal Supremo Electoral” (Art. 10-A).

El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyó al TSE en la elaboración del Protocolo para la Prevención y Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia Política en El Salvador en el marco de las competencias asignadas al Tribunal por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Con el Protocolo, el TSE cuenta con una herramienta que define una ruta de atención orientada, a la prevención de casos de violencia o acoso político, a la determinación de las responsabilidades administrativas y a la reparación de los derechos de las víctimas, facilitando el pleno ejercicios de los derechos políticos para las mujeres e incentivando su participación en todos los espacios de toma de decisión.