LocationsUna epidemia en movimiento: El cambiante panorama de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe
31 de Agosto de 2023
La falta de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe ha sido considerada durante mucho tiempo como un factor importante que obstaculiza el desarrollo en la región. Datos recientes muestran que, aunque los homicidios han disminuido en muchos países en los últimos años, ALC sigue siendo la región más violenta del mundo, con niveles de criminalidad consistentemente por encima de niveles epidémicos[1]. Un #GraphForThought anterior de 2019 resaltó las teorías existentes que ayudan a explicar el fenómeno del crimen en la región. Una cultura de impunidad, sistemas de justicia débiles, falta de confianza en las fuerzas policiales, desigualdades persistentes y falta de oportunidades socioeconómicas son solo algunos de los factores que incentivan las actividades criminales.
Utilizando datos de Infosegura, ONUDD e InsightCrime, este # GraphForThought ofrece una mirada al cambiante panorama de inseguridad - expresado en tasas de homicidios intencionados- en la región. Como se ve en la figura a continuación, la región ha mantenido sus tasas de homicidios a niveles epidémicos con un aumento promedio del 3,7% al año durante la última década. Mientras que América Central solía ser la subregión con las tasas más altas de homicidios, hemos visto que en los últimos años, este perfil ha cambiado. América del Sur y el Caribe experimentaron un aumento significativo en las actividades criminales en 2022.
Una protección social estructuralmente débil, la fragmentación de pandillas, el aumento y diversificación de la producción de cocaína, fentanilo y otras drogas, los efectos del COVID-19, así como la circulación de armas en la región, parecen ser algunos de los factores que contribuyen a la propagación de la violencia, incluso en países anteriormente considerados seguros.
La violencia política es motivo de particular preocupación en la región, con eventos violentos vinculados a elecciones ocurriendo en varios países. Según ACLED, los eventos relacionados con la violencia política han aumentado significativamente en países de la región desde 2018. La violencia basada en género también es especialmente preocupante. De los 25 países con la tasa más alta de feminicidios en el mundo, 14 se encuentran en América Latina y el Caribe.
Hallazgos preliminares de un estudio realizado por INFOSEGURA de PNUD en colaboración con USAID indican que ha habido un crecimiento constante en el gasto total en seguridad pública, justicia y derechos humanos en Guatemala, El Salvador y Honduras entre 2010 y 2022, con un promedio anual del 8,2% para los tres países. Guatemala experimentó un crecimiento del gasto público del 10,5%, El Salvador del 6,9% y Honduras del 6,1%. La mayor parte de estos recursos fue destinada a proyectos de seguridad pública, representando el 52,6% del presupuesto total, mientras que los servicios de justicia recibieron el 44,3%, y el 3,1% se destinó a prevención, protección, derechos humanos y rehabilitación social.
No hay soluciones mágicas para abordar la inseguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. El panorama de la seguridad ciudadana es diferente en cada país, y por lo tanto, abordarlo requiere de instituciones sólidas, políticas específicas basadas en datos rigurosos y una perspectiva multisectorial basada en derechos humanos. Sin embargo, algunos de los factores subyacentes parecen ser similares: persistente desigualdad, instituciones débiles, pobreza y limitadas oportunidades económicas. Abordar estas causas fundamentales, a través de políticas y programas informados respaldados por una gobernanza efectiva, es crucial para garantizar la seguridad ciudadana. Es igualmente importante fortalecer los sistemas de información y datos para diagnosticar, monitorear y evaluar mejor los efectos y costos del crimen en la región. En última instancia, la seguridad ciudadana requiere enfoques integrados centrados en las personas, que incluyan la transformación de normas sociales y culturales, y que fortalezcan las soluciones a nivel local y comunitario de convivencia pacífica y resiliencia.
