Si bien la Covid-19 inicialmente generó una crisis de salud pública en América Latina y el Caribe, esta se convirtió pronto en una crisis de gobernabilidad con consecuencias económicas, sociales y políticas sin precedentes para una región con profundos problemas de desigualdades estructurales preexistentes[1]. La pandemia ha potenciado las tensiones sociales y la conflictividad, poniendo en riesgo la cohesión social. Esta situación se ha visto agudizada por las limitaciones que han enfrentado los sistemas judiciales que redujeron sus servicios y limitaron el acceso a justicia, afectando significativamente el progreso de los países en implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[2].

De acuerdo al informe de Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies titulado ‘Justice for All and the Public Health Emergency’, “hoy es más crítico que nunca transformar nuestros sistemas de justicia, preservar la independencia de las instituciones, acercar los servicios judiciales a las personas que más lo necesitan, alentar el involucramiento constructivo entre el sistema formal y las alternativas locales, y hacer frente a las raíces de las causas de la injusticia que han dejado a las personas y a las sociedad en un estado de vulnerabilidad respecto al impacto más amplio de la pandemia”[3]. La transformación institucional es necesaria para garantizar que el acceso a la justicia en el contexto de la COVID-19 y en el futuro se mantenga como vehículo que promueva y proteja los derechos humanos, y materialice el mandato PNUD de “no dejar a nadie atrás”.

En este contexto, el Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD ha preparado el informe ‘Innovación, resiliencia y transformaciones urgentes hacia una justicia inclusiva en América Latina y el Caribe’[4], el cual recoge la experiencia del PNUD y otros organismos de la región en materia de acceso a la justicia durante los meses de pandemia. En este estudio, se destacan distintas líneas para la acción coordinada entre el PNUD, los poderes judiciales y las instituciones de la comunidad internacional que promueven el acceso a la justicia como un pilar del desarrollo y la inclusión social. Algunos focos de atención que el informe destaca para hacer frente a los desafío actuales y futuros son los siguientes:

Acceso a la justicia en tiempos de pandemia

La sorpresiva irrupción de la COVID-19 tuvo un efecto inmediato sobre las instituciones públicas de América Latina y el Caribe. En el caso de los sistemas de justicia, las reacciones de los países a lo largo de la región fueron heterogéneas, pero en general implicó una reducción sustancial del volumen de los servicios judiciales y un aumento de los plazos judiciales. Por ejemplo, Guatemala y República Dominicana publicaron un listado de los juzgados que continuarían trabajando. En Panamá, por su parte, suspendieron todos los procesos judiciales, salvo los relacionados con el control de garantías. Mientras que en países como Brasil, Chile, México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay optaron por autorizar el ingreso de casos urgentes, pero sin realizar una enumeración específica, dejando la decisión a criterio de los tribunales[5].

Estas medidas tuvieron un impacto especialmente desigual sobre las mujeres y niñas, y representaron una gran amenaza para el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables, como las poblaciones indígenas, personas LGTBIQ+, personas con discapacidad, adultos mayores, personas en situación de calle, y migrantes. Es relevante mencionar esto porque la pandemia agravó la situación de violencia. Por ejemplo, “en México, las llamadas y los mensajes de ayuda contra diversos tipos de violencia de género aumentaron más del 80% en el primer mes de confinamiento por el COVID-19, y las solicitudes de ingreso a refugios por parte de mujeres víctimas de violencia aumentó un 12.7% en el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 20 de abril. En Argentina, las denuncias por violencia de género aumentaron un 39% durante la cuarentena y desde que comenzó el confinamiento el 20 de marzo de 2020 y el 20 de abril de 2020 se produjeron 19 feminicidios. Estas cifras se reproducen a lo largo de toda la región”[6].

Innovación y transformación institucional

La COVID-19 ha puesto a prueba las capacidades institucionales de los sistemas de justicia de América Latina y el Caribe, lo que también significa una oportunidad para ingresar a un proceso de transformación institucional para responder con más eficiencia a las demandas crecientes de acceso a la justicia, así como para tener un rol central en la definición de políticas públicas del sector. Para ello es necesario que los sistemas de justicia prioricen el fortalecimiento de sus capacidades de innovación, gestión de proyectos, generación de datos, evaluación y seguimiento, con el fin de convertirse en protagonista en el diseño y transformación de sus principales políticas.[7]

Entre otras innovaciones, el informe ‘Innovación, resiliencia y transformaciones urgentes hacia una justicia inclusiva en América Latina y el Caribe’ propone las siguientes tres líneas de trabajo que pueden servir como hoja de ruta hacia una transformación institucional:

• Promover la creación de programas de innovación en los poderes judiciales, fomentando la interacción con los demás actores del sistema de justicia y con organizaciones de sociedad civil y la academia. Para ello, se puede seguir el ejemplo de la experiencia del Laboratorio de Justicia Abierta e Innovación (#Juslab) en la Ciudad de Buenos Aires que implicó la creación de laboratorios ciudadanos en gobiernos subnacionales y laboratorios de innovación y tecnologías en instituciones académicas. Se puede también instaurar premios y concursos para la detección de casos de innovación judicial, como lo han hecho Chile y Argentina, así como aprender de los modelos de promoción de la innovación pública diseñados para el sector público a lo largo de la región.
• Repensar la cultura de relacionamiento de las instituciones judiciales con la sociedad, bajo la premisa de que la innovación no se limita solo a la incorporación de tecnología, sino que también está asociada a reformas institucionales y nuevos abordajes. Esto implica, por ejemplo, pasar de una cultura centrada en la demanda (“mesas de entradas pasiva”), a un modelo de intervención que ponga el énfasis en la oferta proactiva de servicios judiciales como estrategia de contención a la conflictividad social (“despliegue territorial”). En la nueva normalidad, los sistemas de justicias son piezas claves para la prevención de potenciales conflictos, así que requieren acercarse a las personas con problemas legales. El enfoque para diseñar soluciones de este tipo debe estar centrado en las personas y se necesita trabajar articulada y continuamente con otros poderes y agencias del Estado
• Iniciar una revolución de datos para mejorar el acceso a la justicia. Para ello, se requerirán desarrollar sistemas estadísticos y políticas de gobernabilidad de datos, algo casi inexistente en las instituciones judiciales de la región. En ese sentido, los poderes judiciales y los gobiernos deben trabajar de manera concertada para diseñar estrategias que permitan cubrir los vacíos existentes en materia de datos, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. Un ejemplo de lo que se puede realizar es lo que viene ejecutando CariSECURE, una iniciativa conjunta del PNUD y USAID, que propuso mejorar las políticas públicas del Caribe vinculadas a la delincuencia juvenil y la violencia mediante el uso de datos y sistemas de información de calidad comparables, confiables y a escala nacional. Contar con este tipo de datos y sistemas de información permitirá a los países caribeños, entre otras cosas: 1) producir de manera independiente datos y sistemas de información creíbles para el análisis de las tendencias del crimen y 2) generar análisis de políticas públicas de calidad basados en evidencia[8].

Mirando al futuro: la adaptación a la normalidad mejorada

El momento que vive el mundo, en especial América Latina y el Caribe, invita a la reflexión acerca de la importancia de entender el acceso a la justicia como como un pilar del desarrollo y la inclusión social. Los nuevos desafíos que los países de la región tienen por delante resaltan la necesidad de trabajar en la resiliencia de sus sistemas de justicia para que estos puedan de responder a la nueva normalidad. Por ello, la crisis generada por la pandemia debe entenderse como una oportunidad para lanzar una nueva generación de reformas programáticas, pensadas de manera articulada y con apoyo de los distintos sectores relacionados con la provisión del servicio de justicia.

El PNUD reafirma su compromiso con el acceso a la justicia destacando la necesidad de un esfuerzo renovado en el ODS 16. Para ello, los actores del sector de justicia deben trabajar juntos para adoptar un enfoque holístico y centrado en las personas para resolver los problemas de justicia que apremian a los países de la región.

1. PNUD (2019) Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_es.pdf
2. PNUD (2020) Ensuring Access to Justice in the Context of COVID-19. Disponible en: file:///Users/Trabajos/Downloads/undp-bpps-rol-Access_to_Justice_and_COVID19%20(1).pdf
3. Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, Justice in a Pandemic - Briefing One: Justice for All and the Public Health Emergency (New York: Center on International Cooperation, 2020), p. 9. Disponible en: https://bit.ly/2UWgbBg
4. PNUD (2020) Innovación, resiliencia y transformaciones urgentes hacia una justicia inclusiva en América Latina y el Caribe. Disponible en: (aun falta que se cuelgue)
5. Ibid, p. 25
6. Ibid, p. 37
7. Ibid, p. 51
8. Ibid, p. 62