En este trabajo se investiga la efectividad del sistema de protección social y de la regulación laboral en Honduras. Pese al crecimiento económico experimentado y el incremento del gasto en protección social durante 2010-2019, la informalidad laboral, la desigualdad de ingresos y las tasas de pobreza no registraron mejoras sustanciales. Sin cuestionar la necesidad de seguir invirtiendo más recursos en el bienestar de la población, es posible que los resultados mencionados sugieran la posibilidad de que los programas y las políticas actuales, en conjunto, no estén funcionando adecuadamente. Así, mediante este análisis se procura determinar, primero, si el sistema tiene principios rectores u opera como una colección de programas desconectados. Segundo, se analiza la diferencia entre la cobertura definida en el marco jurídico y la cobertura efectiva. Tercero, se indaga si el sistema redistribuye recursos y, si es así, quiénes se benefician. Finalmente, se investigan los incentivos que genera el sistema entre los trabajadores y las empresas.

Los resultados indican que el sistema de protección social y la regulación laboral no están cumpliendo con sus objetivos, ya que tanto la suma de sus partes como cada uno de sus componentes premian el incumplimiento de las normas jurídicas, presentan bajas tasas de cobertura, redistribuyen muy poco y generan incentivos no deseables entre los trabajadores y las empresas. Esa desconexión entre lo que la protección social quiere ser y lo que efectivamente es debe ser abordada para asegurar el adecuado funcionamiento de un sistema que fue diseñado para proteger y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población hondureña pero que actualmente no está logrando sus metas.