La crisis climática es una de las mayores amenazas que enfrentamos en la actualidad: a nuestras vidas, a nuestra salud y a nuestro futuro. Y, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo para enfrentarla, estamos perdiendo la batalla. Frente a esta realidad, es momento de que nos cuestionemos, ante el avance de la crisis climática, cuál es nuestro plan.

Para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo necesitamos contar con un medio ambiente que garantice el ejercicio de los derechos de todas las personas. Esto significa que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, a respirar aire puro, a poder pensar en un futuro próspero para nuestras familias y comunidades. Pero estos derechos se ven amenazados, no solo por la crisis climática y las acciones que contribuyen activamente a su incremento, sino por la inacción ante ella: por la falta de preparación y adaptación ante los riesgos climáticos, y los golpes que reciben los ecosistemas que sostienen nuestras vidas.

Aunque América Latina y el Caribe gozan de una amplia biodiversidad, fundamental para el desarrollo de diversas actividades económicas y para garantizar la provisión de servicios ecosistémicos vitales, de acuerdo con información reciente, el 94% de las poblaciones de las especies de la región están en declive. Esto significa una pérdida irreparable de cientos de especies de animales, insectos, peces y plantas, que tendrá un impacto en las vidas de todas las personas que dependen de la biodiversidad como sus medios de vida.

Asimismo, si bien la Amazonía es un ecosistema clave, ya que sus bosques regulan el ciclo del agua y proveen alrededor del 50% de la humedad de la región andina, la pérdida de bosque amazónico en el Perú alcanzó las 146.575 hectáreas en el 2022, de acuerdo con el portal Geobosques del Ministerio del Ambiente. Esto representa un aumento por encima del año anterior y es la segunda vez en cinco años que el nivel de deforestación en el Perú aumenta de un año al otro. En el 2020, en el contexto de la pandemia y las restricciones de movilización a causa de ella, el aumento sustancial de pérdida del bosque amazónico evidenció el impacto de la falta de vigilancia y monitoreo, y la importancia de tener marcos regulatorios claros que protejan el bosque.

Los problemas complejos como la crisis climática requieren del involucramiento multiactor, un enfoque que se dé desde la sociedad y todos los niveles de gobierno. La necesidad de tomar acción comprende también la necesidad de establecer marcos que regulen la actividad humana y protejan a los ecosistemas frente a las amenazas que podrían comprometer nuestros futuros.

El avance de economías ilegales, como la minería y la tala ilegal, representa una importante amenaza para los ecosistemas en el Perú. La minería ilegal se ha expandido a más de 20 ríos en la región amazónica y en los últimos diez años se ha convertido en la actividad ilegal que acumula mayor cantidad de dinero, sobrepasando al narcotráfico, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Por otro lado, de acuerdo con la plataforma Prevenir Amazonía, la tala ilegal comprende el 37% de la madera que se comercializa en el país. Esta actividad trae consigo consecuencias no solo ambientales, sino también económicas, como el aumento de la informalidad y una menor recaudación para el Estado, y sociales, como el aumento de los conflictos, la pérdida de la calidad de vida y amenazas a la integridad física de los pueblos indígenas.

Asimismo, acciones como la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en enero, sin un adecuado sustento técnico, podrían abrir la puerta a una mayor deforestación. Según la propia autoridad nacional forestal (Serfor), se podría triplicar la deforestación anual registrada en el Perú.

Todo esto pone en riesgo la sostenibilidad ambiental, pero también los medios de vida de miles de familias, así como los derechos, la salud y la seguridad de los pueblos indígenas. En la actualidad, cuando observamos la amenaza de la crisis climática tomando formas cada vez más visibles, se vuelve aún más importante conservar la naturaleza que combate y mitiga estos cambios, así como proteger a quienes se encuentran en la primera línea de conservación.

En ese sentido, debemos fortalecer iniciativas que ya trabajan de manera sostenible, para así poder escalarlas y replicarlas. Como las actividades productivas sostenibles, impulsadas a nivel de paisaje y con inclusión social, y basadas en evidencias que demuestren que sí es posible generar valor social, ambiental y económico al conservar, manejar sosteniblemente e inclusive restaurar los ecosistemas que las soportan. Una visión de futuro considera una economía que no solo la respete, sino que facilite que la naturaleza florezca.

Además, fortalecer estas iniciativas impulsará la productividad y competitividad del sector agrario y permitirá el ingreso y permanencia en mercados internacionales, cada vez más exigentes con la sostenibilidad. Por ejemplo, nuevas regulaciones de la Unión Europea exigen que la importación de madera, café, cacao, soya y palma aceitera, entre otros, provengan de sistemas de producción que no hayan contribuido a la deforestación y degradación de bosques. Esta es una oportunidad para el Perú y los miles de peruanos que se dedican a la producción de café y cacao.

Algunas buenas prácticas –como los acuerdos de conservación entre productor y comprador, los sistemas agroforestales y los modelos de restauración productiva– deben ser masificadas mediante una colaboración real y efectiva multiactor: entre el Estado, la empresa, el productor y los socios de soporte. Con un adecuado acompañamiento, estas cadenas productivas no solo podrían aportar a la conservación de los ecosistemas, sino que podrían servir para reforzar la adaptación y mitigación al cambio climático, y fortalecer temas clave como la seguridad alimentaria.

En esa línea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proponen una mirada integral que entrelaza el crecimiento económico con un uso responsable de los recursos naturales que permitan construir un futuro en armonía y equilibrio con el medio ambiente. Solo de esta manera podremos ejercer nuestro derecho a un entorno saludable y garantizarlo para las siguientes generaciones. Entonces, ¿cuál es nuestro plan?

Publicado originalmente el 05 de junio de 2024 en El Comercio