Las consecuencias de las interrelaciones entre cambio climático y finanzas públicas son más intensas en países como México, donde los impactos del cambio climático son significativos y crecientes en el tiempo y atendiendo a la debilidad estructural de las finanzas públicas mexicanas expresada en una baja recaudación tributaria (combinada con altas tasas de evasión y elusión fiscal), con sesgos e ineficiencias significativas, con fuerte dependencia recaudatoria de algún recurso específico como el petróleo y con una demanda creciente de recursos públicos por diversos sectores sociales y económicos y por diversas actividades económicas.

En este sentido, el cambio climático representa un reto adicional a las finanzas públicas en México. De este modo, es necesario definir una política fiscal a largo plazo como un factor fundamental para alcanzar un desarrollo sustentable. Ello requiere incluir las opciones que ofrece una reforma fiscal verde, atendiendo a los nuevos desafíos que conlleva el cambio climático. Estas reformas fiscales verdes muestran características específicas para contribuir a un desarrollo sostenible.

De este modo, el principal objetivo de este estudio es realizar un primer análisis de los impactos del cambio climático sobre las finanzas públicas e identificar algunas opciones y simular sus posibles consecuencias en el contexto de una reforma fiscal verde en México. En específico, el trabajo presenta un modelo econométrico con dos bloques principales.

El primer bloque simula tres aspectos fundamentales en la relación entre cambio climático y finanzas. En primer lugar, las consecuencias de una política impositiva o de subsidios en la trayectoria del consumo, en las emisiones de co2 y en las finanzas públicas atendiendo al consumo de gasolinas y diesel y el consumo de electricidad residencial e industrial. Estos productos fueron seleccionados por su contribución en las emisiones de gases de efecto invernadero y por su impacto en las finanzas públicas.

El segundo bloque identifica las relaciones que se establecen entre las actividades económicas y los ingresos recaudados para estimar posibles impactos de pérdida de ingresos públicos.