El Estado de Derecho implica que todos los ciudadanos estén sometidos a la ley y que las leyes vigentes sean justas, no discriminatorias y respetan los derechos humanos. Un sistema legal justo y eficiente que respeten las normas internacionales de derechos humanos constituye la piedra angular del crecimiento económico, la seguridad y la erradicación de la pobreza.

Actualmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en más de 100 países en desarrollo, incluidos 37 inmersos en situaciones de crisis.