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Uruguay es un país de alta estabilidad económica, social y política, con un Índice de Desarrollo Humano (2017) de 0,804 que lo sitúa dentro del grupo de países de desarrollo humano muy alto. Es una democracia consolidada[1], está a la vanguardia en la agenda de derechos y es una de las sociedades más igualitarias de la región con un índice de Gini para el año 2017 de 0.380 (PNUD, 2019).
Esta solidez en diferentes ámbitos le ha permitido al país diseñar e implementar políticas públicas para un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono, y consolidar un marco interinstitucional de coordinación para enfrentar el cambio climático, a partir de la creación de Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad (2009) y el Sistema Nacional Ambiental (2016).
Uruguay se encuentra en la zona templada de América del Sur, tiene una superficie de 175.016 km2 y una costa que abarca más de 680 Km. Su población es de 3.380.177 habitantes, el 93% vive en zonas urbanas y aproximadamente el 70% en zonas costeras. Se estima que su temperatura podría aumentar de 2 a 3 grados Celsius para 2100.
El país ha enfrentado épocas de inundaciones y sequías más intensas y frecuentes en la última década. En 2015 las inundaciones provocaron el desplazamiento de 20.000 personas de zonas urbanas en los departamentos Salto, Paysandú y Artigas, registrándose pérdidas en viviendas e infraestructura e impactos psicosociales en la población afectada. Ese año un período de déficit hídrico provocó pérdidas económicas significativas en el sector agropecuario. La agricultura e industrias conexas y los servicios, incluido el turismo, son la base de la economía uruguaya, lo que hacen al país muy vulnerable a los impactos del cambio climático.
Ante este escenario, la adaptación al cambio climático es un elemento clave para transitar hacia un Uruguay resiliente. Ha sido reconocida en el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático (2010) y se ha establecido como una prioridad estratégica en la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC, 2016) y en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, 2017).
La PNCC brinda el marco general para la planificación nacional de la adaptación (NAP, por sus siglas en inglés), implementada a través de planes sectoriales, como el país lo ha establecido en su NDC al Acuerdo de París donde se comprometió para 2020 a formular, aprobar e iniciar la implementación de los Planes Nacionales de Adaptación Costera (NAP-Costas)[2]; Agropecuaria (NAP-Agro)[3]; y de Ciudades e Infraestructuras (NAP-Ciudades).
Para avanzar en el proceso NAP para sus áreas urbanas, el gobierno uruguayo lleva adelante el proyecto conocido como NAP-Ciudades, liderado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), financiado por del Fondo Verde del Clima (FVC) e implementado por el PNUD en Uruguay.
Su objetivo es desarrollar la capacidad de adaptación y la resiliencia de los centros urbanos y su población, proteger la infraestructura y los entornos urbanos y facilitar la integración de la adaptación en la planificación a nivel nacional y local.
El NAP Ciudades es una herramienta que permite testear el trabajo multisectorial y la colaboración del gobierno central y los gobiernos locales en la planificación e implementación de las políticas urbanas. Asimismo, ha potenciado el trabajo transversal dentro del MVOTMA apuntando a la incorporación de la perspectiva de cambio climático en las políticas ambientales, de desarrollo territorial, de aguas y de vivienda.
El proyecto trabaja con el MVOTMA en el desarrollo de los mapas de riesgo de inundaciones y en la elaboración de un sistema de indicadores de vulnerabilidad que alimentaron el capítulo del ODS 13 del Informe Nacional Voluntario sobre los ODS 2019. También colabora con este Ministerio en la construcción del Sistema de Información Territorial, siendo un socio relevante en la implementación de la Estrategia Nacional de Ciudades Sostenibles.
Para medir los avances de la adaptación urbana, NAP-Ciudades ha diseñado un Sistema de Indicadores para el Monitoreo de la Adaptación al Cambio y Variabilidad Climática en ciudades.
Ha definido 25 indicadores enfocados en cinco dimensiones (espacios públicos y suelo verde; infraestructuras y edificaciones; sistema social; gobernanza y capacidad de respuesta; educación, conocimiento e información) que permitirán identificar a aquellas ciudades que presenten situaciones más críticas y priorizar las medidas de adaptación a implementar. Estos indicadores vinculan al NAP‑Ciudades con la PNCC, la NDC, el Marco de Sendai y la Agenda 2030.
El proyecto también es una oportunidad para involucrar al sector privado tanto en la integración del riesgo climático en sus planes de gestión de riesgos como en el desarrollo de nuevos productos y servicios para la construcción de resiliencia.
Se han identificado algunos instrumentos para potenciar el financiamiento climático en este sector: la inclusión de la adaptación en los indicadores de la ley de promoción de inversiones de Uruguay, el desarrollo de líneas de créditos verdes a ser implementadas por bancos locales; la promoción de un fondo de investigación sobre adaptación y mitigación del cambio climático para relevar los desafíos tecnológicos y de innovación de la industria urbana, entre otros.
Este proceso de construcción de una estrategia de financiamiento para el NAP-Ciudades se está realizando en colaboración con la iniciativa de Apoyo Preparatorio-FVC, liderada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), financiada por del Fondo Verde del Clima (FVC) e implementada por el PNUD, que en su primera fase generó el Programa de País del FVC, identificando oportunidades estratégicas de inversión, en el marco la NDC, los NAPs y otras estrategias y políticas nacionales y sectoriales.
Estos planes de adaptación sectoriales para las ciudades, la agricultura y las áreas costeras contribuyen con la visión de largo plazo de la política nacional de cambio climático, la construcción de un país resiliente y el cumplimiento de sus compromisos con el Acuerdo de París. Pero, sobre todo, contribuyen con la transformación de nuestra sociedad para alcanzar un desarrollo humano sostenible, resiliente e inclusivo.
Ver versión en inglés (sitio web global del PNUD)
[1] Rule of Law Index 2018-2019 (World Justice Project) para Uruguay es 0.71 posicionando a Uruguay en el primer lugar del ranking entre los países de América Latina y el Caribe y en el puesto 23 entre todos los países del mundo. En tanto, el Democracy Index 2018 (The Economist Intelligence Unit) señala que Uruguay es la única democracia plena de América del Sur, con un puntaje total de 8.38.
[2] En Uruguay, el NAP-Costas es un proyecto liderado por el MVOTMA, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN, Climate Technology Centre and Network) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
[3] En Uruguay, el NAP-Agro es un proyecto liderado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), financiado por el gobierno de Alemania e implementado por PNUD y FAO.