Por Rebeca E. Madriz Franco*

La pandemia mundial generada por la COVID-19 desde 2020 puso en jaque tempranamente el cumplimiento de la Agenda 2030, acentuando las múltiples crisis que atraviesa la humanidad: sanitaria, económica, social, climática y de cuidados, que tienen un impacto diferenciado sobre las mujeres, acentuando como consecuencia, las brechas de género.

En América Latina y el Caribe, la CEPAL (2020)[i] ha calificado la situación como “la peor crisis en 100 años con impactos en lo social y productivo que perdurarán en el mediano plazo”, donde la pobreza tuvo un retroceso de 15 años, impactando a 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema registra un retroceso de 30 años, expresado en 96 millones de personas pobres extremas; considerándose una “década perdida en términos del PIB per cápita, de -9,9%”.

Por esta razón, es necesario pensar en un escenario de recuperación inclusivo que logre acelerar los indicadores de igualdad para un desarrollo sostenible que impacte la relación interdependiente que existe entre los factores económicos, sociales y ambientales. En este sentido, incorporar la perspectiva de género en las políticas y proyectos de impacto nacional es un imperativo, que permite dotar de herramientas a las organizaciones para analizar las desiguales relaciones de poder que existen entre mujeres y hombres, y tomar, en consecuencia, medidas y acciones efectivas que impacten estructuralmente y reduzcan las desigualdades.

La normalidad post pandemia requiere “una nueva generación de políticas” (CEPAL), que logren contener los retrocesos producidos por la crisis sanitaria mundial, y replantear la ruta para materializar el avanzado marco legal nacional e internacional existente en materia de igualdad y equidad de género.

En este sentido, en 2020 el PNUD Venezuela a través de la política operativa de igualdad de género, impulsó dos relevantes experiencias en materia de fortalecimiento de las capacidades de análisis de género y herramientas para transversalizar la perspectiva de género en los proyectos de energías alternativas y en los proyectos ambientales de la República Bolivariana de Venezuela.

La centralidad de estos procesos estuvo direccionada a incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos desde el empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio, con especial énfasis en mujeres rurales e indígenas, las cuales están atravesadas por múltiples vulnerabilidades, y son sin embargo, agentes esenciales para lograr modelos de desarrollo sostenibles.

A partir de esta experiencia podemos asumir un conjunto de aspectos indispensables para develar la relación entre la mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones como mecanismo para incidir en la igualdad de género y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo.

Las lecciones aprendidas, ratifican entre los principales aspectos para lograr resultados género-responsivos, capaces de incidir en la disminución de las desigualdades, los siguientes:

1) Voluntad política y recursos disponibles.

2) La importancia de un análisis de género contextualizado capaz de diagnosticar las brechas de género, mapeando la situación inicial para la construcción de una línea base.

3) Fortalecer las capacidades de los agentes institucionales para lograr un nivel de sensibilización relevante, que incida en las dinámicas organizacionales, comprendiendo las barreras culturales existentes.

4) Tomar medidas para transversalizar la perspectiva de género en todas las fases del ciclo de las políticas o los proyectos y erradicar los sesgos de género.

5) Establecer un conjunto de indicadores, que tomando en cuenta las potenciales variables del sector, permitan medir y visibilizar el impacto que la perspectiva de género aporta para garantizar una mayor participación de la mujer en la toma de decisiones, incidir en desfeminizar la pobreza, promover su empoderamiento y autonomía económica, e impulsar medidas contra la violencia basada en género y el uso del tiempo de las mujeres derivado de la feminización los cuidados.

Alicia Bárcenas (2020) señala que “la cultura del privilegio naturaliza las desigualdades, la discriminación y el patriarcado”, por lo que la perspectiva de género, contribuye sustancialmente a materializar nuevas relaciones sociales igualitarias capaces de superar los antagonismos derivados de la división sexual del trabajo, impulsando una nueva arquitectura internacional que tenga entre sus características ser más democrática, justa, equitativa e incluyente, con impactos medibles que incidan en la calidad de vida y la igualdad de género, poniendo al servicio del desarrollo sostenible nacional la capacidad humana de todas las personas, sin discriminación.

Finalmente, revertir el retroceso generado por la COVID-19, no será posible sin el enfoque de género en los proyectos de desarrollo, sin la participación protagónica de las mujeres como agentes de cambios con autonomía, y con su demostrada capacidad de resiliencia. 

[i] Bárcena, Alicia (2020). Desafíos sociales y económicos de América Latina y el Caribe en la post-pandemia. Seminario Internacional: Cohesión social, garantías de bienestar y protección social: claves para una reconstrucción con igualdad post pandemia en América Latina. Disponible: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/presentacion_cepal_24112020.pdf

*Rebeca E. Madriz Franco

Experta en temas de género. Consultora del PNUD durante 2020 en el marco de la incorporación de indicadores de género en planes y proyectos de los sectores eléctrico y ambiental.