Un año de la COVID-19 ha expuesto y profundizado las desigualdades de todo tipo, incluidas las que atraviesan las líneas de género. Las mujeres, particularmente aquellas de los grupos marginados, han asumido la peor parte de la crisis: con las cargas de cuidado creciente, menos horas de trabajo y aumentos alarmantes en la violencia de género, la COVID-19 ha creado daños sociales y económicos duraderos para las mujeres y, por extensión, las comunidades en las que viven.

Como hombres que trabajamos en el desarrollo internacional, creemos que existe una diferencia entre creer en la igualdad de género y avanzar activamente la causa. Quedemos claros. No podemos – no lo haremos – hacer la vista gorda a los efectos dañinos de la discriminación basada en el  género, especialmente porque empeoran durante la crisis actual.

Esto significa que debemos ser conscientes de los desequilibrios de energía, incluso en los espacios en los que trabajamos, y hacer espacio para que las personas de todos los géneros lideren y se involucren en procesos de toma de decisiones. El género está inextricablemente vinculado a cómo se distribuyen y mantienen el poder y el privilegio, influenciando en la salud, el bienestar y más. Nos incumbe a todos nosotros, particularmente en posiciones de autoridad, presionar para un cambio sistémico a largo plazo. Esto requiere desafiar las dinámicas de poder arraigadas y las construcciones de género anticuadas que obstruyan los derechos humanos fundamentales de todas las personas – hombres, mujeres y no binarias.

Los impactos económicos y sociales de las crisis nunca son neutrales al género, y la COVID-19 no es una excepción. Según ONU Mujeres, las dificultades económicas inducidas por la pandemia empujarán a más mujeres a la pobreza extrema que hombres, lo que amplía la brecha de la pobreza de género. Los cierres escolares también han interrumpido la educación de las niñas, en algunos casos resultando en tasas más altas de embarazos tempranos y matrimonio infantil. Incluso antes de que comenzara la pandemia, una de cada tres mujeres experimentó violencia física o sexual, un problema que se ha intensificado tanto para las mujeres como para otros grupos marginados a medida que la COVID-19 se ha continuado extendiendo. Estos problemas se agravan por la digitalización acelerada de muchas transacciones diarias, lo que ha ampliado las desigualdades de género en áreas como el acceso a Internet, las habilidades digitales y los derechos en línea.

Es importante destacar que la identidad de género también intersecta con otras identidades sociales y políticas, como el origen étnico, el estatus socioeconómico, la discapacidad, la edad, la ubicación geográfica y la orientación sexual. Debemos actualizar la definición actual de la equidad de género para incluir aquellos grupos marginados, quienes a menudo soportan la carga del estigma y la discriminación. Por ejemplo, las mujeres transgénero a menudo tienen un mayor riesgo de violencia, vulnerabilidad económica y exclusión legal y social. Las trabajadoras sexuales también enfrentan mayor violencia e inestabilidad económica, particularmente durante la pandemia. En muchos países, las mujeres que usan drogas enfrentan barreras para acceder a los servicios sensibles al género y son más propensos a contraer VIH.

Muy pocas leyes y políticas incluyen las medidas sensibles al género necesarias para abordar estas preocupaciones. Desafortunadamente, las mujeres también están siendo dejadas fuera de las decisiones clave que afectan la respuesta global de la COVID-19 y la eventual recuperación. Según el PNUD y el Rastreador de Respuesta de Género Global de la COVID-19 de ONU Mujeres, solo el 12 % de los países tiene medidas adecuadas para abordar el impacto económico y social desproporcionado que la COVID-19 ha tenido en las mujeres. Mientras tanto, solo el 5 % de los líderes de salud global son mujeres en países de ingresos bajos y medios.

La COVID-19 presenta la oportunidad de cambiar esto, y para que ese cambio sea dirigido e implementado por aquellos que han sido más afectados. En primer lugar, hacer espacio para las mujeres en el liderazgo de la salud global es una responsabilidad, para la cual todos debemos rendir cuentas. Compartir equitativamente el poder puede ayudarnos a abordar mejor los desafíos globales, desde la COVID-19 hasta el retroceso democrático, y al cambio climático. El liderazgo y la participación inclusivos brindan más perspectivas diversas a los organismos y procesos de toma de decisiones, lo que puede llevar a mejores políticas públicas y prácticas institucionales que están diseñadas con un ojo hacia la equidad de género.

Además del liderazgo y la toma de decisiones a escala global, existe la necesidad de llevar la igualdad de género a las leyes a nivel de país. Junto con las leyes de reforma de políticas y regulaciones que discriminan a las mujeres, necesitamos una mejor legislación para abordar las normas de género relacionadas con los conceptos obsoletos de la masculinidad, como los que pueden alentar a los niños y los hombres a tomar riesgos de salud, perpetrar violencia y no buscar ayuda o cuidado de salud. Esto también incluye el fortalecimiento del acceso a la justicia, un mejor informe y monitoreo, y mejorar la capacidad de las instituciones para responder a los incidentes relacionados con la violencia de género.

Ahora es el momento de desafiar el status quo del género en la ley y en nuestras comunidades, y garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones en todos los aspectos de la vida pública, particularmente los de los grupos marginados. Lograr un futuro igual en un mundo post-COVID-19 requiere una acción audaz de todos nosotros.