Respuestas inmediatas y de recuperación temprana son urgentes
Todas las personas estamos experimentando una situación única en nuestras vidas con la pandemia del COVID-19. Sin embargo, aunque estamos viviendo la misma tempestad, no todas estamos en el mismo barco, es decir, no todas vivimos igual las consecuencias.
Las crisis evidencian y profundizan las desigualdades estructurales y estas, a su vez, pueden hacer más difícil de contener las crisis. Además, algunas personas lograrán superar la adversidad mejor que otras; por ello, es importante conocer y atender las vulnerabilidades, para responder efectivamente a la emergencia y recuperarnos mejor.
El Salvador se enfrenta al COVID-19 con condiciones preexistentes de pobreza y desigualdades, que aumentan el riesgo de algunos hogares. La metodología de medición de la Pobreza Multidimensional fue adoptada por el país en 2015, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador (PNUD). Esta permite medir cómo se acumulan vulnerabilidades en los distintos hogares y es una poderosa herramienta para la planificación, diseño y monitoreo de políticas públicas, al medir la pobreza más allá de la carencia de ingresos y mostrar privaciones en múltiples áreas de desarrollo.
Aplicar la medición de pobreza multidimensional permite identificar quiénes, dónde y porqué algunas personas y hogares están en mayor riesgo frente a la pandemia. En el paper: “COVID-19 y vulnerabilidad: una mirada desde la pobreza multidimensional en El Salvador”, que presentamos esta semana y está disponible en nuestro sitio web www.sv.undp.org, utilizamos seis privaciones de pobreza multidimensional que representan factores de riesgo incrementados frente a la pandemia: hacinamiento; falta de acceso a servicios de salud; falta de acceso a saneamiento; falta de acceso a agua potable; falta de acceso a seguridad social; y subempleo e inestabilidad en el trabajo.
En el documento se identifica que aproximadamente nueve de cada diez hogares salvadoreños experimentan al menos una de estas privaciones. Por ejemplo, 40% de los hogares salvadoreños experimentan hacinamiento y condiciones difíciles de vivienda. También, se identifican cuatro grupos de hogares que acumulan varias de esas privaciones y se encuentran en mayor desventaja frente al COVID-19.
En primer lugar, los hogares con jefatura de mujeres, ya que tienen más precaria inserción laboral, menor participación como asalariadas permanentes y bajo acceso a seguridad social. Al mismo tiempo, llevan la mayor carga del trabajo doméstico no remunerado, que se acentúa durante el confinamiento. Dentro de este grupo, identificamos un subgrupo aún más vulnerable, que son aquellos con jefatura femenina y dependientes menores a los 17 años.
Otro grupo de alrededor de medio millón de hogares son aquellos con dependientes mayores de 60 años, los cuales presentan mayor riesgo según el perfil demográfico de la enfermedad, ya que este grupo etario tiene más altas probabilidades de requerir hospitalización o cuidados intensivos. Además, están los hogares en que una tercera parte del ingreso mensual viene de las remesas, los cuales tienen mayor riesgo ante los efectos de una posible recesión económica y alza del desempleo en Estados Unidos.
El grupo más vulnerable es precisamente el de los hogares que viven en pobreza multidimensional y, además, presentan las privaciones descritas. Ellos representan el 28.8% de los hogares del país. Dentro de este, preocupa más la situación de hogares que también viven en pobreza por ingresos y que ni siquiera pueden cubrir la Canasta Básica Alimentaria, lo que quiere decir que tienen una doble condición de pobreza. Cada uno de estos grupos requiere respuestas focalizadas y diferenciadas.
Con la metodología de pobreza multidimensional, también podemos identificar que la pandemia afecta de diferentes formas a distintos territorios. En particular, a los departamentos con mayor población, y a otros departamentos que poseen elevados niveles de intensidad e incidencia de la pobreza multidimensional y requieren de mayor atención: Ahuachapán, Morazán, La Unión, Cabañas y Usulután.
Es urgente comenzar a implementar medidas que fortalezcan la capacidad de los hogares vulnerables para superar el shock generado por la pandemia y que sienten las bases de una recuperación temprana. Para ello, proponemos las “canastas de resiliencia”, respuestas multidimensionales que se adaptan a los distintos tipos de hogares y a sus vulnerabilidades específicas, incluyendo canastas de cuidado, alimenticias, de ingreso, de trabajo temporal y de seguridad social no contributiva.
El margen de acción y la efectividad de estas medidas estará condicionado por el carácter estructural de las privaciones y los recursos públicos disponibles. La magnitud de la desaceleración económica y los impactos fiscales serán un desafío para la atención de la respuesta al COVID-19 y para la reactivación económica.
La forma en que respondamos al COVID-19 hoy determinará en gran medida el futuro de miles de familias que podrían volver a caer, permanecer o profundizar sus condiciones de pobreza y desigualdad. Por ello, es fundamental atender a los hogares más vulnerables con medidas inmediatas tanto sanitarias como económicas. El trabajo articulado entre diferentes sectores será crucial para construir hogares resilientes a esta y otras tempestades.