El interés acerca de cómo el cambio climático puede dar origen a movimientos poblacionales está creciendo, y América Latina y el Caribe (ALC) está en el ojo del huracán. El Banco Mundial estima que para el 2050, hasta 17 millones de personas podrían ser desplazadas internamente solo considerando México y Centroamérica. Según el IPCC, cada vez son más frecuentes en la región la migración y el desplazamiento asociados a riesgos climáticos, y se espera que ambos fenómenos vayan en aumento. Ahora bien, pese que estas advertencias hablan acerca del impacto que tendrá el cambio climático sobre el desarrollo humano en ALC, las medidas de política pública hasta ahora son limitadas, en parte porque carecemos de una comprensión detallada acerca de qué áreas y qué poblaciones serán las más afectadas.

Para comenzar a cerrar esta brecha, el PNUD para América Latina y el Caribe encargó una investigación para evaluar cómo las instituciones prevén la movilidad climática, cómo podrían integrar esto en la planificación de la adaptación y cómo están respondiendo actualmente a este creciente desafío. 

Estas son tres de sus principales conclusiones:

Primero, varios gobiernos de América Latina y el Caribe están integrando la movilidad humana en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) y sus Planes Nacionales de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés). Doce países de la región han definido sus NAP, y la mayoría menciona la movilidad climática ofreciendo recomendaciones concretas. Las respuestas adaptativas que se proponen incluyen mejoras en la recopilación de datos y las proyecciones; apoyo a viviendas adecuadas; empleo y desarrollo de habilidades en áreas de expulsión y recepción de población; e inversiones para una reubicación planificada. El panorama en relación con las NDC es diferente. Solo 11 de las 33 NDC de la región mencionan la movilidad humana, y de manera muy general. Esto da cuenta de un nivel elevado de conciencia respecto de la movilidad climática, pero también de la necesidad de una mayor consideración del tema.

En segundo lugar, un conjunto más pequeño de países está probando enfoques para abordar la movilidad climática, reconociendo a las poblaciones migratorias como personas en riesgo. Por ejemplo, Colombia está a punto de aprobar la primera ley de "movilidad climática" del mundo, proponiendo un registro unificado de desplazamiento climático y asignando responsabilidades a ministerios y agencias específicas. Chile y Perú están discutiendo leyes y en 2021, Antigua y Barbuda hizo un llamado para el logro de acuerdos y marcos regionales con miras a abordar la movilidad climática. En 2022, Argentina comenzó a otorgar visas humanitarias de tres años a personas desplazadas por razones climáticas desde Centroamérica, el Caribe y México. Por último, países que van desde Barbados y Cuba hasta Brasil, Panamá y Chile, están explorando cómo reubicar a las poblaciones en riesgo, desde áreas como las costas, regiones propensas a la sequía e inundaciones.

En tercer lugar, nuestra investigación sugiere un marco básico para la evaluación de posibles puntos críticos de movilidad climática. Anticipar dónde es probable que ocurra el desplazamiento, la migración y la reubicación y qué poblaciones se verán afectadas es una parte vital de la planificación. Sin embargo, la realidad es que los factores que impulsan la movilidad climática son altamente complejos, y que la calidad y cobertura de los datos es altamente desigual. Si bien actualmente se encuentran en desarrollo herramientas más sofisticadas que permitirán guiar mejor las políticas, éstas aún no están listas para ser utilizadas. Mientras tanto, los tomadores de decisiones pueden adelantarse evaluando mejor los riesgos, identificando puntos críticos y estableciendo prioridades a través de este marco básico que analiza tres factores principales: los choques y las tensiones climáticas, los factores socioeconómicos y las vulnerabilidades estructurales.

Algunas recomendaciones para los desarrolladores y formuladores de políticas ofrecidas en esta investigación incluyen:

• El fortalecimiento de las capacidades de recopilación, gestión y análisis de datos de las autoridades públicas para el monitoreo de las distintas categorías de movilidad climática.
• El reforzamiento de la coordinación entre políticas para la definición de nuevas NDC y NAP de manera que respondan mejor a las distintas etapas de la movilidad climática.
• La integración de la planificación de la movilidad climática interna en las estrategias de adaptación de personas vulnerables al cambio climático, antes, durante y después de su desplazamiento y, eventualmente, en su asentamiento.
• La identificación de áreas que requerirán de recursos adicionales para abordar la movilidad climática que no estén incluidas en las estrategias climáticas "tradicionales".
• El fortalecimiento de la resiliencia de las personas en riesgo de movilidad climática por medio de la formalización de los asentamientos vulnerables, la construcción de viviendas sociales y la regularización de la tenencia de la tierra.
• El apoyo a la gobernanza de la movilidad climática y la facilitación del intercambio de conocimientos.

Responder a la movilidad climática significa encontrar soluciones pragmáticas que consideren el corto y largo plazo y que eviten situar el movimiento de personas únicamente en el ámbito de los problemas, proponiendo respuestas adaptativas positivas. Los desafíos son importantes, pero los gobiernos de ALC ya están lidiando con ellos y el PNUD, junto con sus socios, pueden proporcionar un apoyo crítico.

*El resumen de la investigación y el marco se encuentran en un informe y tres notas técnicas: una primera que establece un marco para mapear los puntos críticos de la movilidad climática; una segunda que revisa la movilidad humana en las políticas climáticas de ALC; y una tercera que extrae lecciones de Colombia.