El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), a través de la Maestría en la Administración Pública, llevaron a cabo un conversatorio virtual sobre el Informe de Igualdad de género en la Administración Pública de América Latina y el Caribe 2020 (GEPA, por sus siglas en inglés).

El informe se basa en una investigación realizada en 18 países, incluido El Salvador, y analiza la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión en la administración pública, tomando como base datos oficiales.  Asimismo, presenta una serie de recomendaciones para promover la igualdad de género en el sector público.

El Informe fue producido por el equipo de género y el grupo de gobernabilidad democrática regional del PNUD, en alianza con la Universidad de Pittsburg, en septiembre de este año.

El documento fue el punto de partida para reflexionar sobre los retos y desafíos que tienen los países para cerrar las grandes brechas de género que existen en la administración pública y orientar cambios que generen una participación igualitaria e inclusiva de las mujeres.

Cinco especialistas nacionales y regionales en el tema conformaron el panel del conversatorio: Guillermina Martín, especialista en políticas de género del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-RBLAC), Ana Laura Rodríguez, investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de General San Martín​, Argentina (UNSAM), Marjorie Trigueros, investigadora Senior de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social(FUSADES) y Iliana Álvarez, catedrática e investigadora del departamento de Economía de la UCA. La moderación estuvo a cargo de la Oficial de Programa del PNUD, Laura Rivera.

“Si queremos mejorar la administración pública, tenemos que comenzar por mejorar la experiencia de las personas con la función pública y, desde ahí, dirigir la mirada hacia los temas de género, conocer cuál es la experiencia que tienen las mujeres en su diversidad con los servicios del Estado, cuáles son las necesidades específicas y las diferencias entre hombres y mujeres”, afirmó Georgiana Braga-Orillard, Representante Residente del PNUD, durante las palabras de apertura del conversatorio.

En el mundo, muchos de los puestos que requieren tomas de decisiones o jefaturas son ocupados por hombres, encargándose además de la definición de políticas públicas dirigidas a mujeres. Según datos del informe presentado, a nivel mundial las mujeres solo ocupan 6.6 % de los cargos presidenciales y el 6.2 % de las jefaturas de gobierno. Además, hasta enero de 2019 solo el 20 % de los cargos ministeriales eran ocupados por mujeres, .

“El Estado y su administración son reproductoras de las relaciones de género vigentes en nuestra sociedad, esto se manifiesta en la distribución de oportunidades y de poder de decisión en la administración pública. Una sociedad más igualitaria y sostenible exige la participación de las mujeres en la esfera política como en los puestos de toma de decisiones de las administraciones públicas” indicó José Antonio Morales, coordinador de la Maestría UCA.

El Informe señala también la escasez de datos oficiales sobre la administración pública, desagregados por género y comparables entre países.

Al respecto, la investigadora Ana Laura Rodríguez indicó que “en América Latina, a pesar de que existe abundante investigación sobre la condición de las mujeres, desigualdades y otros, la administración pública ha sido un área poco explorada, hay una escasa producción científica para conocer por ejemplo las brechas salariales, número de mujeres, qué cargos ocupa, entre otros”, explicó.

Otros datos del informe revelan que las mujeres reclutadas para posiciones públicas son altamente educadas: el 40 % tienen educación terciara frente al porcentaje menor de hombres (29 %). Sin embargo, esto no se refleja en el nivel de los cargos.  

En el caso de El Salvador, el Informe observa que un 39 % de mujeres que trabajan en la función pública se ubican en cargos ejecutivos, 46 % en administrativos, 35 % en el área de servicios y 13 % en toma de decisiones.

Según la Sra. Trigueros, de FUSADES, un aspecto importante es fortalecer la legislación actual. “El Salvador necesita una nueva Ley del Servicio Civil que responda a las realidades que tenemos, un ejemplo concreto es que nuestra actual legislación no contempla principios fundamentales para garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en la función pública”, aseguró.

En el conversatorio también se abordó el impacto de la pandemia COVID-19 en el incremento de la desigualdad y la pobreza, así como las repercusiones en los grupos vulnerables. “La pandemia puso a las mujeres en la primera línea de batalla y pensar en una realidad post pandemia requiere repensar las estructuras estatales, para que se responde a las diversidades de las personas, a la nueva realidad social existente”, destacó la especialista del Centro Regional del PNUD, Guillermina Martín.

El PNUD apoya diversas iniciativas que han abonado a la participación paritaria de mujeres y hombres en la administración pública. Una de ellas la implementación de los sellos de igualdad en el sector público, con los que se establecieron políticas internas de género en tres instituciones públicas.

Además, se apoyaro los esfuerzos orientados a la aprobación para garantizar una cuota de 30 % de participación política de mujeres en el Órgano Legislativo, gobiernos locales y en el Parlamento Centroamericano. La meta es aumentar este porcentaje al 50 %.

Asimismo, en alianza con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), se impulsa la iniciativa ATENEA para la paridad política.  

Recientemente, en el marco de la Iniciativa Spotlight, también se lanzó la “Guía para Garantizar la Participación Política de Mujeres en los Procesos Electorales”, que busca contribuir a aumentar la participación de mujeres en los espacios públicos.