En esta época del año, podríamos haber esperado todo tipo de análisis, escudriñando los posibles resultados de las discusiones que “se habrían producido” si las Partes hubieran asistido a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26) en noviembre de 2020, como estaba originalmente planeado, de no haberse reprogramado debido a la pandemia de la COVID-19. Ahora debemos esperar otros 11 meses para saber exactamente cómo tomarán forma estas negociaciones, aunque estamos obteniendo algunos destellos de lo que podemos esperar.

Según la información generada dentro de la Promesa Climática (Climate Promise), iniciativa insignia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para ayudar a los países a optimizar sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), los países pueden estar aumentando su ambición climática, pero están enfrentando dificultades relacionadas con la calendarización de su entrega, lo que  puede retrasar el proceso hasta bien entrado el año 2021, mientras se centran en lo que pueden considerarse problemas más urgentes relacionados con la COVID-19.

Esta pausa en las negociaciones climáticas, que algunos países consideran necesaria para enfrentar la urgente recuperación económica a corto plazo de la pandemia Covid-19, podría ser perjudicial en un contexto de impactos cada vez más acelerados del cambio climático que no se controlan. O, en su defecto, podría plantear una posibilidad “única en la vida” para que los países alineen sus esfuerzos para reducir la pandemia y enfrentar el cambio climático (así como otras crisis ambientales superpuestas), al mismo tiempo y de manera integrada.

Pero la oportunidad debe aprovecharse ahora. Un reciente estudio del PNUD y el Pardee Center for International Futures de la Universidad de Denver mapea, con base en una “línea de base COVID-19”, tres escenarios futuros diferentes. El primero plantea que, dados los efectos de la pandemia, 44 millones de personas podrían estar viviendo en pobreza extrema para 2030; o peor aún, en un escenario extremo, este número podría elevarse a 207 millones, con graves impactos socioeconómicos a largo plazo que continuarían durante más de una década. Sin embargo, un tercer escenario plantea que, si se toman las medidas oportunas, pero lo más importante, si los esfuerzos coordinados están diseñados para lograr un “impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” considerable, estos escenarios no solo podrían evitarse, sino revertirse e incluso mejorarse. Esto significaría sacar a 146 millones de personas de la pobreza extrema mientras se “restablece el camino del desarrollo de las personas y el planeta hacia un futuro más justo, resiliente y verde”, según Achim Steiner, Administrador del PNUD. Esto, sin embargo, requiere que las opciones se tomen ahora, y se reflejen y se tengan en cuenta no solo en los esfuerzos de planificación nacional enfocados en las estrategias para recuperarse de la COVID-19, sino también en otros esfuerzos como la preparación e implementación de las NDC.

Sin embargo, el desafío al que se enfrentan muchos países es cómo hacer que los flujos financieros estén disponibles para lograr este “gran impulso de los ODS”, cuando en muchos casos el propósito de los paquetes de recuperación del estímulo COVID-19 puede centrarse en priorizar la productividad económica, lo que podría ir en contra de la protección ambiental. Además, estos paquetes de recuperación pondrán en tela de juicio la continuación de los compromisos que los países signatarios pueden haber asumido en el Acuerdo de París, específicamente sobre el Artículo 2.1c, para hacer que “los flujos financieros sean consistentes con un camino hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollo resiliente al clima”.

Por lo tanto, es fundamental que los países prioricen y alineen las finanzas climáticas y sus NDC con las finanzas de recuperación. Idealmente, esto se convierte en una conversación bidireccional entre los profesionales del clima y los profesionales de la recuperación económica, lo que se traduce en una mayor coordinación entre los ministerios de medio ambiente y finanzas. No solo cómo las NDC pueden estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, sino también cómo los planes de recuperación priorizan soluciones como incentivos fiscales que son amigables con el clima, como fondos de carbono, impuestos al carbono o bonos sostenibles (ver el ejemplo reciente de México sobre bonos ODS), o que incluyan medidas de reorientación del gasto público de estimulo para introducir medidas complementarias que aseguren que los recursos públicos se utilizan para apoyar una transición hacia un futuro de bajas emisiones.

La ambición climática no debe dejarse de lado mientras los países contemplan consideraciones de recuperación. Por tanto, los paquetes de recuperación pueden ser coherentes y reforzarse mutuamente con la financiación climática, a fin de maximizar los flujos de financiación que sean coherentes con las vías para una recuperación sostenible a largo plazo.