Nota: Este blog forma parte de Lustig, N. & Tommasi, M. (2020). El COVID-19 y la protección social de los grupos pobres y vulnerables. UNDP. (Próximo a ser publicado)

El último día del año 2019, China notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) numerosos casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan, provincia de Hubei. El virus, recién identificado una semana después, se propagó muy rápidamente. Hacia fines de enero, China ya tenía casi 10.000 casos confirmados de COVID-19, y hacia fines de febrero, casi 80.000 (Stein & Valencia, 2020).

El 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS decía que “A lo largo de las dos últimas semanas, el número de casos de COVID-19 fuera de China se ha multiplicado por 13, y el número de países afectados se ha triplicado. En estos momentos hay más de 118,000 casos en 114 países, y 4,291 personas han perdido la vida.” En esa misma ocasión, la OMS declaró al brote del coronavirus como “pandemia”.

Desde esa foto descripta por el Director de la OMS hasta la fecha, la enfermedad no ha dejado de propagarse y las defunciones de aumentar. Las personas mayores, entendiendo por tales aquellas que tienen 65 años y más, se llevan la peor parte en esta pandemia; la más trágica. La probabilidad de morir una vez contraído el COVID-19 es para este grupo muy alta y creciente con la edad.

Ocurre que la prevalencia de enfermedades críticas para la mortalidad por coronavirus es más alta entre las personas mayores y crece con la edad.  Se trata, además, de un grupo vulnerable desde una perspectiva social. Los ingresos de que disponen provienen de un sistema de seguridad que, si bien incluye a la mayor parte del grupo, los dota con un monto menor que les permite acaso cubrir las necesidades básicas de alimentación, pero no mucho más. Por otra parte, el grupo tiene un nivel educativo comparativamente bajo y poco ejercicio en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que los hace más dependientes de los otros grupos de población (principalmente de personas adultas en edades centrales) y que los posiciona en desventaja en la sociedad actual.

Mortalidad

Las personas mayores enfrentan un riesgo de muerte mayor que aquellas pertenecientes a grupos de edad más bajos. El COVID-19, a diferencia de otras epidemias y pandemias ataca con mayor intensidad a los grupos de mayor edad de la población.

Es muy útil contar con estimaciones acerca de la letalidad del COVID-19. Comprender el riesgo relativo para diferentes sectores de una población permite centrar la atención en los más vulnerables y mejorar la asignación de recursos de salud a quienes más los necesitan.

La probabilidad de morir de una persona entre 60 y 69 años es 12 veces más alta que otra perteneciente a la franja 40-59. La correspondiente a la de 70-79, 43 veces más elevada y la de 80 y más, 67 veces más alta. La tasa de letalidad en la Argentina es de un 30 por mil o un 3%, similar a la registrada en China y un poco más baja que la de Alemania.

A pesar de la importancia de la tasa de letalidad, hay autores que sostienen que el número de muertes es un indicador más preciso del avance del COVID-19.

Con los datos disponibles hasta la fecha es posible detectar la edad y el sexo de las defunciones ocurridas en la Argentina. Las defunciones revelan un fuerte sesgo masculino (38/49) y de personas mayores (36/49). La edad promedio de las defunciones es de 68,1 años con un desvío estándar de ±11,6 años.

Las muertes debidas a la enfermedad provocada por el coronavirus están en franco crecimiento en el país y crecen de manera exponencial a una tasa diaria del 10,5%. La prácticamente totalidad de las defunciones registradas corresponden a personas mayores.

El supuesto de crecimiento lineal de las defunciones está completamente alejado de lo que están mostrando los datos hasta el día de hoy. Las muertes crecen exponencialmente y si este crecimiento sigue de esta manera (un supuesto quizá tan absurdo como el del crecimiento lineal), hacia el 30 de junio se habrían acumulado en el país 360 mil defunciones sólo debidas a esta enfermedad, número que iguala al total de muertes ocurridas en el país en un año por todas las causas y en todos los grupos de edad.

Pobreza monetaria y privaciones no monetarias

El distanciamiento social exige quedarse en casa. Ningún tipo de aislamiento impuesto es agradable, pero está claro que la calidad de esa permanencia varía, entre otras cosas, según la cantidad de recursos que comandan los hogares. No es lo mismo permanecer semanas en una vivienda equipada que en una vivienda precaria, o permanecer con disponibilidad limitada de recursos monetarios.

Si bien los niveles de pobreza monetaria entre las personas mayores son más bien bajos[1], los de privaciones no monetarias son verdaderamente altos: una de cada dos personas mayores está privada en el ejercicio de al menos uno de sus derechos básicos, y una de cada cuatro lo está de manera severa. Lo primero implica que, en una población estimada en casi 5,2 millones, 2,6 millones tienen al menos uno de sus derechos básicos vulnerados.

Un 13% de las personas mayores vive en viviendas con techo, piso y paredes deficientes. Buena parte de esa población no tiene acceso a la red de gas y cloaca, como así tampoco a la red de agua potable. Muchas de las personas mayores que enfrentan estas vulnerabilidades residen en hogares con personas en edades centrales (30-59). Nótese que en el contexto actual eso implica estar cerca del grupo que registra la tasa más alta de prevalencia del COVID-19. Las deficiencias en las viviendas afectan también la posibilidad de higiene personal adecuada a las circunstancias.

La dificultad adicional es el no tener a nadie que colabore con el cuidado de las personas mayores (más propensas a morir una vez contraída la enfermedad). A este distanciamiento social en soledad o en compañía de otras personas mayores, habría que sumar a la condición de pobreza que muchas veces hay una cantidad apreciable de personas mayores que viven solas  y que además son pobres. Estas personas están distribuidas de manera diferente en la geografía del país, y requieren una atención y un tratamiento especiales.

Enfermedades no transmisibles

La mortalidad de las personas mayores ante la presencia del virus es más probable por la mayor prevalencia en este grupo etario de enfermedades preexistentes. Las personas mayores, y las personas mayores pobres, son más proclives que el resto de la población a padecer diabetes, hipertensión y obesidad (ENT).

Los tres tipos de Enfermedades No Transmisibles (ENT), mencionados anteriormente, crecen con la edad y se ubican en niveles elevados a partir de los 40, edades en las que se está registrando el mayor número de defunciones, según los datos disponibles. Hay que tener en cuenta que estas condiciones de salud hacen más difícil la recuperación de la infección con COVID-19.

China cuenta con datos de las enfermedades preexistentes de las defunciones por COVID-19. El primer lugar lo ocupan las enfermedades cardiovasculares, seguida por la diabetes, por las enfermedades respiratorias crónicas y la hipertensión. Nótese que, en el caso de Argentina, la mayor mortalidad masculina podría deberse a la mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares e hipertensión en este sector de la población, aunque los datos de Argentina no arrojan diferencias significativas de prevalencia de esas enfermedades entre sexos.

Hay fuertes diferenciales de prevalencia de ENT según el estrato de ingreso del hogar en el que residen las personas mayores. La prevalencia desciende conforme aumentan los ingresos familiares. Los grupos en lo que la sensibilidad es mayor para las tres ENT consideradas es el de 40-49 y 50-59. Nuevamente, en estos grupos se detectan desventajas que pueden ser determinantes para definir el desenlace de la enfermedad provocada por el coronavirus.

Nivel educativo y alfabetismo tecnológico

La manera de lograr el aislamiento es quedarse en casa. Gracias a la disponibilidad de internet y al equipamiento mínimo indispensable de la vivienda, dicha estancia puede ser hasta agradable o, en el peor de los casos una segunda buena opción a realizar las actividades fuera de casa. Como todos sabemos mediante Internet se puede pagar servicios, realizar transferencias y comprar bienes diversos sin moverse de casa. Pero ¿Cuántas personas mayores disponen de computadoras en sus casas? ¿cuán difundido está entre ellas el uso de internet? ¿Las personas mayores usan normalmente telefonía celular?

Las personas mayores tienen dificultades de base, absolutamente justificables, que le impiden adquirir destrezas para el uso de las TICs. Necesitan ayuda de las personas jóvenes, las que, a su vez, son las que mayor riesgo de contagio tienen. En primer lugar, cabe decir que el nivel educativo de las personas mayores es sensiblemente más bajo que el de las generaciones actuales. Según datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares, las personas adultas entre 25 y 54 años tenían en la Argentina 12 años de escolaridad, las de 55-64, 10,8, mientras que la de 65 y más, 9,5 años.

Este nivel de escolaridad, equivalente a un poco más de 2 años de secundaria, implica que buena parte de esas personas tiene menos que eso. En efecto la población pobre por ingresos de 65 y más arroja en promedio 6,9 años de escolaridad. Además, no sólo fueron menos años a la escuela, sino que comenzaron su escolaridad a fines de los años 1930 y 1950. Sólo basta un simple ejercicio mental para darse cuenta cuán lejos estaban las innovaciones tecnológicas que hoy día se usan de manera cotidiana. No es de extrañar entonces la dificultad de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

La cantidad de personas mayores que tienen internet en sus casas es sensiblemente más baja que la cantidad de personas de otros grupos de edad que lo tienen. La conclusión de esto es que deben romper con el aislamiento para hacer compras y pagar servicios. Las personas mayores pobres enfrentan la doble vulnerabilidad marcada por su edad y por su condición social.

Acciones que podrían evitar contagios

Las líneas que se mencionan aquí tienen como foco sólo la población de personas mayores: 65 años y más.

• Realizar campaña de alfabetización tecnológica, mediante videos y charlas que podrían difundirse por la televisión, la radio y los diarios papel de circulación masiva.
• Impulsar, a través de “pequeños empujones”, el uso de las TICS, cajeros automáticos, etc., poniendo más énfasis en las regiones más desfavorecidas y en los sectores sociales más vulnerables.
• En este mismo sentido, campaña de sensibilización dirigidas a las personas adultas en edades centrales para que colaboren, principalmente con aquellas personas mayores que viven solas y que carecen de recursos.
• Provisión de servicios de internet a los sectores más vulnerables, a través de celulares o de la televisión, al menos por el tiempo que dure la cuarentena obligatoria.

[1] 14% para el primer semestre de 2019.